El debido proceso
América Latina vive un estado de ebullición que, por una multiplicidad de situaciones tiene a las democracias en estado de tensión.
Los gobiernos de Brasil, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Argentina, Haití están en estado de alerta máxima cuando no en peligro extremo.
Y si bien el tema de la corrupción parecía marcar un giro dramático en las críticas y ataques de opositores a gobiernos, políticos y partidos, el caso Odebrecht tuvo un significado importante, una coyuntura para grupos de presión, políticos, gobiernos desarrollar sus vendettas. Las banderas contra la corrupción y la impunidad, levantadas como símbolo de lucha, quedaron rezagadas por las conspiraciones para derrocar regímenes democráticos, en las nuevas formas de dar golpes de estado.
En República Dominicana, no obstante, este episodio no fue lo determinante para lograr ‘doblarle el pulso’ al PLD y su Gobierno. La desbandada de la denominada ‘marcha verde’ fue una muestra de cómo el levantamiento popular, el de aquel 22 de enero, no cuajó, pues se diluyó cuando un grupito de frustrados profesionales y políticos montó la disparatada locura de aprove- chando la oleada callejera para intentar revocar el poder a los gobernantes de turno, incluyendo al Presidente de la República, la disolución del Congreso, la Justicia, los organismos electorales, o sea, la disolución del Estado.
Con todo y todo, la República Dominicana es la nación que con mayor sentido de responsabilidad ha enfrentado el caso Odebrecht, con un acuerdo entre la empresa constructora brasileña y el gobierno así como un proceso judicial abierto, que va cumpliendo los procedimientos del ‘debido proceso’, con un expediente presentado ante el tribunal que tiene en nómina a siete encartados.
Con el cumplimiento del ‘debido proceso’ con la garantía de un expediente sólido, como lo define y reputa el Procurador General, constituye un contrasentido que los ‘protestantes’ de la denominada ‘marcha verde’ y sectores de la ‘sociedad civil’ lo denuncien y critiquen cuando su demanda es persecución a la corrupción y enjuiciamiento a los ‘responsables’, que es lo que hace la autoridad.
Esos grupúsculos pretenden que hayan más ‘culpables’, que ‘fulanito’ si, que ‘fulanito’ no, a su gusto y preferencia, por intereses individuales, por razones políticas.
Por ello, entonces, no me explico como personal del mismo estamento jurídico, del Ministerio Público en su más alto nivel, de la Justicia en su más alto nivel, actúan como entorpecedores de este proceso, en vez de ser sus facilitadores y sus ejecutores en el denominado ‘debido proceso’, que es lo que espera la sociedad sensata y mayoritaria.