Contratos empresas de Joao se firmaron antes del escándalo
El Gobierno dominicano informó que los pagos totales a las empresas de Joao Santana y Mónica Moura ascendieron a RD$430,506,711.17 y no a RD$1,400 millones, como denunció la diputada del PRM, Faride Raful.
El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, fijó para el próximo 7 de agosto el conocimiento del juicio preliminar en contra de los siete implicados en el caso de los sobornos que admitió haber pagado la constructora Odebrecht.
El magistrado Ortega Polanco, mediante auto 04-2018, fijó para las 9:00 de la mañana de ese día el conocimiento de la solicitud de apertura a juicio en contra de los implicados, presentada por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
La audiencia será conocida en la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia, en el séptimo piso del edificio que aloja el organismo, en el Centro de los Héroes de la capital.
De inmediato, la secretaria general de la Suprema inició la notificación del auto de fijación de audiencia a los imputados Ángel Rondón, Tommy Galán, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, Jesús Vásquez y Roberto Rodríguez.
Asimismo, al Procurador General de la República y a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, para los fines de ley.
El juez dispuso reponer los plazos solicitados por el imputado Roberto Rodríguez, por lo que en virtud de la regla de economía procesal, hizo extensiva la disposición de plazos a los demás acusados y al ministerio público.
Igualmente, el tribunal otorgó un plazo común de diez días a partir de la notificación del auto para que procedan, en cuanto jurídicamente a cada uno le concierna, y a través de sus abogados, a realizar o completar las diligencias, actos, réplicas, contrarréplicas, depósito de incidentes y excepciones.
Pidió a las partes envueltas en el proceso proveerse en términos legales pertinentes, directamente en la Secretaría General de la Suprema Corte de cuantas piezas y documentos resultare legalmente procedente en recaudo a su deber de diligencia y lealtad frente a sus clientes y a su rol de colaboración en el sistema de justicia.