Deplora que policías laboren en medio de inseguridad jurídica
En análisis anteriores hemos destacado el difícil, delicado y complejo rol de la carrera policial, que es la de más alto riesgo dentro de las diversas funciones de los cuerpos de seguridad del Estado, también enfrenta otra gran dificultad que se ha convertido en un atentado a la seguridad ciudadana: “la falta de garantías judiciales a las correctas actuaciones policiales”.
Esta situación es, a mi entender, la causa principal de que muchos agentes policiales sientan y manifiesten una sensación de inseguridad o “temor” al verse luego juzgados como si fueran vulgares delincuentes, no obstante haber actuado apegados a las disposiciones legales de actuación policial. A esta situación contribuye negativamente la recurrente agitación que es producida por la presión mediática por un lado, y por el otro, las llamadas organizaciones de derechos humanos, que al final solo contribuyen al aumento de la criminalidad.
En el presente artículo no pretendemos realizar críticas con ligereza al desempeño del sistema judicial del que ellos forman parte, sino más bien, aportar propuestas para el fortalecimiento institucional de los tres principales componentes del sistema judicial -Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional-, lo que de seguro redundará en la eficientización de estas instituciones, contribuyendo al combate efectivo contra la criminalidad y mejorando la política de prevención, con resultados positivos en beneficio de la convivencia social y calidad de vida de los ciudadanos.
Para nadie es un secreto que esta situación de indefensión impacta peligrosamente en la psiquis de los agentes policiales, constriñendo de manera directa a los patrulleros preventivos, así como a los agentes investigadores a llevar a cabo con responsabilidad y firmeza sus respectivas misiones institucionales, lo que a la postre contribuye a incrementar los niveles de delincuencia.
¿Por qué decimos que esto incrementa la delincuencia? Porque los policías podrían omitir reaccionar y accionar ante ciertas circunstancias o hechos delictivos y violaciones a la ley, por la ausencia de reglas claras respecto al trato y procedimientos que recibirán ellos cuando pudieran verse envueltos en escenarios donde tengan que emplear el uso de la fuerza que les confiere el Estado como detentor legítimo del monopolio de esta función, para realizar sus tareas de orden público, que van desde la simple presencia policial hasta el uso de la fuerza letal.
Para evitar esta situación en nuestra jefatura, en razón de que estaba decidido a enfrentar con energía a la criminalidad que abatía a la sociedad en esa época, una de las primeras medidas que ejecutamos, fue la creación de una oficina compuesta por prestigiosos abogados civiles con la orden de defender gratuitamente a los agentes policiales que, en asuntos del servicio, se viesen traducidos a la acción de la justicia, y personalmente daba constante seguimiento a sus casos, demostrando con hechos, que con la misma energía que defendía las correctas actuaciones de los sacrificados policías, con esa misma energía castigaba severamente las malas actuaciones.
En este punto, entendemos necesario aclarar que en los casos de los cuestionamientos de la sociedad por ciertas malas actuaciones de algunos policías, son evidentemente hechos aislados que no obedecen bajo ningún concepto a lineamientos de la Institución, muy por el contrario, se les instruye y tienen por misión, que actúen siempre apegados dentro del marco legal, y en caso del uso de la fuerza, deberá ser escalonada, utilizando la fuerza mínima indispensable para mantener el orden, aún a costa de arriesgar sus vidas si fuese necesario.
Aunque existen cientos de casos de policías que han sido sometidos a los tribunales ordinarios injustamente por el Ministerio Público, muchos de los cuales han sido casos en los que sería demostrable de manera irrefutable, que actuaron correctamente en el cumplimiento de su deber como auténticos funcionarios públicos, y sin embargo han sido juzgados como si hubiesen actuado de manera personal, y abandonados a su propia suerte por jefaturas anteriores irresponsables.
Para nadie es un secreto, que motivado a esos anteriores “jefes” irresponsables, en el seno de la institución del orden, tanto los policías de patrullas preventivas, agentes de investigaciones criminales como de las unidades tácticas de reacción, suele escuchárseles el murmullo de la siguiente expresión: “no quiero meterme en problemas”.
Esta pequeña pero significativa oración nos dice que ese policía evadirá las actuaciones policiales que impliquen la toma de decisiones de mediano o alto riesgo, lo que redundará en menos detenciones, menos personas depuradas con altos perfiles sospechosos, trifulcas y atracos en progreso; sencillamente los dejará pasar por alto, ya que, según sus temores, no van a querer verse involucrados en una actuación, que aún siendo en defensa de la sociedad, y siendo su mandato misional en nombre del Estado, no será respaldado como tal.
Es necesario señalar, que aunque esto sigue ocurriendo, se hace contrariamente a las órdenes de los actuales mandos policiales, ya que tenemos constancia de que permanentemente la jerarquía policial está instruyendo para que el policía haga todo lo posible para cumplir plenamente sus amplias y complejas funciones como guardián del orden público.
En este contexto, es imperativo destacar, que al momento en que un fiscal adjunto somete un agente policial a la acción de la justicia, éste nunca verifica ni toma en cuenta si el policía en cuestión actuó apegado al Reglamento del Uso de la Fuerza; reglamento que fue elaborado y puesto en ejecución en nuestra gestión policial, gracias a la cooperación de la embajada de los EE.UU., dirigida por el enlace de Narcotics Affairs Secction (NAS), el experto policial Abelardo Arévalos, luego de más de un año de trabajo junto a la Dirección de Planificación Estratégica de la Policía Nacional.
De manera, que estas injustas administraciones de justicia en contra de los policías, acarrean inseguridad ciudadana, porque los miembros no laboran al ciento por ciento al ver a sus compañeros de armas envueltos en casos improcedentes, tanto al enfrentar el crimen organizado como en labores preventivas, y pudieran ellos correr la misma suerte, debilitando la institución por la desmoralización del personal que se arriesga cada día.
Recientemente, el director general de la Policía, tratando de hacer cumplir los diferentes niveles del uso de la fuerza ha tomado la medida correcta al dotar de macanas a los agentes policiales, ante la cual nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones:
1.- El Estado tiene la urgencia de invertir en equipar a los policías de todos los instrumentos necesarios para cumplir con los diferentes niveles del uso de la fuerza, tales como: un uniforme policial de reglamento -eliminando el incorrecto “chamaco” gris-, cinturón policial completo, macana, radio portátil, silbato, linterna, rociador de gas pimienta, esposas, libreta y su arma de reglamento.
2.- Incluir a fiscales y jueces en la capacitación del Manual del Uso de la Fuerza, para que puedan ser justos a la hora de una investigación preliminar, fase de instrucción o veredicto judicial.
3.- Divulgar este manual a través de los medios de comunicación y redes sociales, haciendo hincapié en la correcta manera de esposar a una persona infractora, y que el hecho de esposarlo no constituye una acción denigrante contra los derechos humanos, sino una acción de protección, tanto para el detenido como del mismo agente.
4.- Creación de comisiones mixtas compuestas por oficiales de policía y fiscales adjuntos que evalúen cada caso antes del sometimiento “alegre” de un agente que, cumpliendo con los preceptos para lo cual fue contratado por el Estado y que la misma Constitución, leyes y reglamentos lo obliga a actuar y a la vez lo ampara, determine si ese agente hizo o no uso racional de la fuerza.
5.- Que el Estado haga el esfuerzo necesario para que los componentes del mismo Estado, incluidos jueces y fiscales entiendan que el policía es un miembro más del aparato del sistema judicial tan importante como ellos, para una eficaz administración de justica a la sociedad.
Finalmente, entendemos que con estas medidas sencillas y realizables, estaremos fortaleciendo el clima de seguridad laboral a lo interno de la institución del orden público y la elevación de la moral de sus miembros, quienes sintiendo el respaldo del Estado del cual forman parte, no sentirán ningún temor de enfrentar los grandes desafíos de una criminalidad cada vez más agresiva, pues entenderán que detrás de ellos existe un sistema de justicia que los respalda y protege en sus correctas actuaciones.