Aplazan para el próximo miércoles el proceso contra red de sicariato
La jueza de Atención Permanente de La Romana, Franchesca Silvestre, aplazó para el 22 de este mes de agosto la medida de coerción contra Jesús Pascual Cabrera Ruiz y otros 15 imputados, acusados integrar una red de sicariato y narcotráfico.
Para aplazar la audiencia, la jueza Silvestre acogió un pedido de la defensa de los acusados, que dijo que requiere tiempo para conocer el voluminoso expediente instrumentado contra el grupo.
Cabrera Ruiz fue trasladado desde la cárcel bajo fuertes medidas de seguridad, mientras que el Ministerio Público ha pedido declarar el caso complejo y una nueva medida de coerción consistente en 18 meses de prisión.
El recluso cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de La Romana por delitos de lavado de activos producto del narcotráfico. El nuevo proceso judicial es paralelo por presuntamente dirigir dicha red desde ese recinto penitenciario, la cual fue desmantelada el pasado sábado en una operación conjunta del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional, donde fue abatido Francisco Javier Rodríguez Camacho, considerado por las autoridades como el número dos de la estructura criminal, encargado de operaciones de Cabrera Ruiz, y Rubén Junior Sosa, también integrante de la organización.
El Ministerio Público también solicita la imposición de prisión preventiva contra Juan Ángel Peña Taveras, alias El Gordito y/o El Gordo; David Emmanuel Silvestre Sierra, alias Chuplu y/o Chuplun y/o Chuplunn; Alexander Florián, alias Rafita; Alex Emmanuel Nina Rosario, alias Alexis; Alba Josefina Cruz, Johan Manuel Jiménez, Ismael José Sentil, Kendry José Ramírez, alias Cdi; Argenis Antonio Cedeño Berroa, y Robelin Peña Junior González, todos de nacionalidad dominicana, y contra la venezolana Edelyz Josney Relledo Vásquez y/o Edeliz Josney Rebolledo Vásquez.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana llevan una investigación contra esos imputados por el tipo penal de operaciones de tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, delito de portación y uso ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de armas, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, asociación de malhechores y asesinato.
La red fue desmantelada el pasado sábado luego de una profunda y activa investigación de inteligencia iniciada hace varios meses por el Ministerio Público, la Policía y la DNCD, durante la cual se aplicaron modernas técnicas de investigación dando resultados positivos contra el crimen organizado.
Precisó que la operación que permitió el desmantelamiento de la organización criminal fue ejecutada por unos veinte fiscales y alrededor de 200 agentes de la Policía Nacional y la DNCD, entre otros organismos. El doctor Víctor Terrero, director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA), reveló que varias instancias nacionales, junto a expertos de las Naciones Unidas, buscan un nuevo enfoque para abordar el consumo de drogas en el país y consideró que es impostergable modificar la Ley 5088, sobre Drogas y Sustancias Controladas, que criminaliza el consumo de sustancias psicoactivas, para adoptar un enfoque de salud pública.
Terrero intervino en un taller auspiciado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para conocer una propuesta del marco legal que regula el consumo de sustancias psicoactivas.
Expresó que al criminalizar el consumo de drogas, se evita abordarlo como una problemática de salud pública, lo cual tiene un impacto negativo en los indicadores de salud.
Terrero expresó la necesidad de fortalecer el componente de derechos humanos en los programas antidrogas, y de poner fin al modelo punitivo que rige los programas nacionales para combatir el flagelo de la drogadicción.