Nicaragua recorta su presupuesto e inversión
Nicaragua está sumida en una crisis sociopolítica que ha dejado entre 317 y 448 muertos.
Nicaragua recortó en 186,3 millones de dólares su presupuesto de gastos para este año, un 1,3 por ciento de su PIB, en medio de su crisis sociopolítica más sangrienta desde los años 80 del siglo pasado.
La enmienda, enviada con carácter urgente por el presidente Daniel Ortega, afecta, principalmente, a los programas de inversión pública, las carteras de salud y de educación, y las trasferencias a los municipios, según el proyecto aprobado por los diputados oficialistas y sus aliados.
El recorte presupuestario obedeció a una menor recaudación de los ingresos tributarios de hasta un 9.2 por ciento, y a una reducción de las donaciones y de los desembolsos de préstamos externos, explicó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, quien hizo una presentación ante el plenario antes de su aprobación.
El funcionario indicó que las protestas contra el Gobierno de Ortega, iniciadas el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social que han dejado centenares de muertos, también han ocasionado un grave daño a la economía, sobre todo en sectores de turismo, comercio y transporte.
La actividad turística tendrá una reducción de ingresos de 231 millones de dólares este año, dijo.
En tanto, hasta ahora registran el cierre de 8,708 empresas, en su mayoría micro y pequeñas que han dejado sin empleo a unos 71.012 trabajadores del sector formal y a 119,567 en total.
Asimismo, reportó pérdidas por US$525 millones en el sector transporte, incluyendo infraestructura.
Pese al recorte presupuestario, el ministro de Hacienda aseguró que están seguros los 130,000 empleos del sector público que incluyeron en el presupuesto inicial.
El presupuesto general de gastos de 2018 pasó de US$2,745.8 millones a US$2,559.5 millones, US$186.3 millones menos y apenas un 0,9 por ciento más respecto al de 2017.
En tanto, el presupuesto general de ingresos se redujo en US$235.2 millones, un 9.2% menos del presupuesto inicial aprobado y menor en un 0.7% al de 2017.
El nuevo déficit presupuestario es de US$48.8 millones, detalló el funcionario.
Algunos de los sectores más perjudicados son el Programa de Inversión Pública, con US$129.5 millones menos; el sanitario, que perderá US$26.6 millones; la transferencia a los municipios, con US$23.6 millones; y la educación, cuyos ingresos mermarán en US$19.7 millones.
Para “compensar en parte la caída de los ingresos de recaudación y la política de protección del empleo”, y apoyar el déficit de liquidez que enfrenta el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el Parlamento autorizó a Hacienda a buscar mayores fuentes externas de financiación y a emitir bonos hasta por un monto de US$280 millones.
Durante el debate, el diputado y presidente del Partido Conservador, Alfredo César, consideró “insuficiente” ese recorte y no descartó un nuevo ajuste en el último trimestre de este año.
El sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, aceptó que “es una reforma presupuestaria dura y quizás insuficiente”, pero que tienen ir “paso a paso”.
Explicó que el equipo económico del Gobierno, al que pertenece, elaboró esa reforma confiando en que Nicaragua irá retornando “a los cauces de la normalidad” tras las protestas contra Ortega, que calificó como un “golpe de Estado fallido”.
Asimismo, no descartó que el Parlamento apruebe una reforma a Ley de Tributaria para eliminar exoneraciones a las grandes empresas y “que paguen los que tienen que pagar”.
La diputada liberal opositora Azucena Castillo criticó al Gobierno por su “falta de habilidad” para responder a las protestas estudiantiles y preferir el uso desproporcionado de la fuerza.
Castillo advirtió que Ortega, y Nicaragua en general, “pasa por una brecha de descrédito internacional, tanto por el aspecto financiero, como en materia de derechos humanos”, que le impedirá recuperar rápidamente su crecimiento.