Diplomacia e intereses nacionales
La diplomacia, con las debidas adecuaciones a la realidad de este tiempo, es el instrumento a través del cual la política exterior (del Estado) procura obtener sus objetivos por medio de la negociación. Esta última asumiéndose como el procedimiento por excelencia del ejercicio de la diplomacia en su “manejo profesional”, que además, ha resultado ser la técnica más efectiva para el fomento de los intereses nacionales.
En el ámbito de las normas de convivencia internacional, una eficiente ejecución de la política exterior suele tener “metas claras y precisas”. Y también, como necesario soporte, los responsables de llevarla a cabo deben contar con un “amplio y bien fundamentado” conocimiento del contexto internacional y nacional actuales. Asimismo, tal propósito requiere optimizar la calidad de los mecanismos para la formulación, planificación y ejecución de la política exterior, para lo cual tiene una importancia primordial la efectividad de los sistemas de información y análisis, de investigación y prospectiva internacional, que incluyen los “debidos recursos estratégicos y técnicos” para poder anticiparse a los hechos, en el ámbito de las “mejores prácticas”.
Es oportuno destacar que ocupa un lugar preeminente en las acciones de las Cancillerías, y del Servicio Exterior, la “metódica promoción” (en el marco de sus respectivas competencias) del comercio, los negocios y la cooperación. Asimismo, el debido respaldo a la internacionalización y a las exportaciones de las empresas nacionales, de forma tal que las relaciones exteriores puedan ser “un instrumento verdaderamente útil” para el desarrollo nacional. Merece recordarse que la diplomacia económica y comercial ha sido concebida básicamente para obtener, conforme a una apropiada planificación, “objetivos económicos por medios diplomáticos”.
Actualmente, adquiere una importancia ascendente la implementación del “sistema para el ejercicio de la diplomacia pública”, “destinado a influir en la opinión pública en el exterior”. Como estrategia, la diplomacia pública debe perseguir tres objetivos: “La mejora de la internacionalización de la economía y la empresa, el refuerzo de la identidad nacional y el incremento de la influencia del Estado en el exterior” (Manfredi Sánchez).
Inequívocamente, la complejidad y trascendental importancia adquiridas por las relaciones internacionales, han hecho posible que diversos estados consideren fundamental la profesionalización de esta labor; y con ello, el fortalecimiento tanto de sus centros académicos de formación, como de su carrera diplomática, adquiriendo el nivel de “esencial asunto de interés nacional”.
En esta dinámica, “saber aplicar apropiadamente” los principios, normas y procedimientos de la diplomacia es fundamental para la ineludible responsabilidad de salvaguardar y promover los intereses del Estado, de los que forma parte esencial la imagen y prestigio de la nación.
Evidentemente, el tacto y el hábil manejo del sentido común son virtudes altamente valoradas en el ejercicio de la diplomacia, las cuales resultan imprescindibles para poder ubicar, con la precisión requerida, el lugar y la oportunidad de las acciones, clave del éxito de innumerables ejecutorias diplomáticas.
Hoy día, para su eficiente labor, el agente diplomático debe tener pleno dominio de las técnicas de negociación. Esto incluye saber aplicarlas con la destreza requerida, de tal forma que aseguren la eficacia de su fundamental ejercicio. El agente diplomático debe ser “un genuino” representante de su nación (de su idiosincrasia, de su cultura, de sus niveles de superación y de su honorabilidad).
El marco precedentemente señalado también es necesario para la protección de los nacionales en el exterior (personas físicas y jurídicas), así como para cumplir con las labores de observación e información propias de sus funciones, para lo cual el agente diplomático debe ser un eficiente analista político y económico. Este contexto es igualmente idóneo para el fomento y desarrollo de vínculos económicos (comerciales y financieros), políticos (de seguridad y defensa), jurídicos, culturales (educacionales y de transferencia de tecnología), y también para la imprescindible cooperación.
Procede referirse a la gestión que debe emprender nuestro país a partir de enero del próximo año, como “miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU”, en función de todo lo antes señalado, y en consonancia con la “intensa labor diplomática profesional”, que demanda dicha posición en el Consejo de Seguridad. Conviene recordar que esta debe estar fundamentada, básicamente, en la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho internacional, teniendo siempre presente el Principio de Igualdad Soberana y Jurídica de los Estados.
En el ejercicio de esa función, una de las primeras acciones consiste en analizar, y evaluar, periódicamente la situación global y, en especial, “las grandes tendencias internacionales” que pueden incidir sobre las controversias. Además del tratamiento y los métodos de solución, aplicables por parte de la “comunidad internacional”.
Es significativo, en esa calidad, reconocer la importancia del denominado “proceso de preparación” y la utilidad de realizar, con ese propósito, “consultas bilaterales” de alto nivel con miembros permanentes (y no permanentes) de dicho Consejo. De igual modo, con miembros del GRULAC, y en general, con el mayor número de representantes de estados, para confirmar “de primera mano”, entre otros aspectos esenciales, “los fundamentos, intereses y sensibilidades” frente a los diferentes temas de la respectiva agenda, y demás acciones con propósitos semejantes que por su amplitud e importancia serán tratados en trabajos posteriores.