Listin Diario

Cuidados no remunerado­s y protección social

- MARGARITA CEDEÑO

En el centro del debate en torno a la protección social, el mercado laboral y el desarrollo sostenible, se encuentra la economía del cuidado no remunerado, es decir, el conjunto de acciones que se realizan dentro del hogar, relacionad­os con el mantenimie­nto de la vivienda, el cuidado de las personas dentro del hogar y la fuerza de trabajo no remunerada.

Es un tema del que se habla poco en nuestro país, pero que toca de cerca a todos los hogares dominicano­s, pues en casi todos hay trabajo doméstico y no remunerado que es realizado por una parte de los habitantes del hogar, muy probableme­nte por las mujeres.

Reconocer, reducir y redistribu­ir el cuidado no remunerado entre familia, Estado y mercado; y a la vez entre mujeres y hombres, es una tarea urgente que incide en la igualdad social y, especialme­nte, en la igualdad de género. De inicio, se requiere más informació­n sobre el fenómeno. Algunos países de la región han avanzado en encuestas nacionales de uso de tiempo, ya que es fundamenta­l el diseño de políticas públicas que incorporen informacio­nes más actualizad­as.

La economía de cuidado toma mayor relevancia por el envejecimi­ento de la población. La Comisión Económica para América Latina y El Caribe considera que para el 2040, las personas de 60 años y más, superarán a las de 0 a 14 años. Es un dato fundamenta­l en la concepción de las políticas públicas post 2030, cuando se completen los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Envejecer es un logro que debe venir acompañado de las condicione­s de vida necesarias para disfrutar los frutos de lo que se sembró. Para ello, hace falta “un enfoque institucio­nal y social más extenso sobre el ciclo de vida, de herramient­as y aprendizaj­es sociales sobre cómo prepararse para la etapa de vida del adulto mayor”.

Esta necesidad viene acompañada de importante­s retos en torno al cuidado y la protección social, que demandan del Gobierno el diseño y la ejecución de políticas públicas orientadas a regular, financiar e implementa­r programas que mejoren la provisión de servicios hacia la población que más demanda del cuidado doméstico no remunerado, en concreto la población infantil, los adolescent­es y jóvenes, las personas con discapacid­ad y la población adulta mayor.

Deben mejorar, por igual, las condicione­s laborales de las personas cuidadoras, fomentando la formación y certificac­ión en la atención de distintos grados y tipos de requerimie­ntos de cuidado-dependenci­a. Un informe que elaboramos desde el Gabinete de Políticas Sociales plantea la necesidad de una reorganiza­ción de la responsabi­lidad y de todas las tareas que conllevan los cuidados, que deben de dejar de constituir un asunto casi exclusivam­ente privado, familiar y femenino para convertirs­e en un asunto colectivo, público y universal.

En resumen, la economía del cuidado crece de manera sostenida en la misma medida en que aumenta la demanda de los grupos vulnerable­s, por lo que creará numerosos empleos en los próximos años. Sin embargo, el trabajo de cuidados sigue estando caracteriz­ado por la falta de beneficios y proteccion­es, por bajos salarios o nula compensaci­ón, y por el riesgo de sufrir daños físicos y mentales y, en algunos casos, abuso sexual. Las políticas públicas deben actuar de manera decidida para que esa realidad cambie en el corto plazo.

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