Agroexportación entre interrogantes
El Comité de Coordinación de Políticas para el Desarrollo Productivo y las Exportaciones entregó al Gobierno 97 propuestas “consensuadas “entre los sectores público y privado a fin de incrementar la ‘productividad’ y potenciar las exportaciones de bienes y servicios del país.
El conjunto de medidas se reparten como sigue: 34 del área industrial, 25 del turismo, 16 de zonas francas, 14 de minería y 8 de agropecuaria. (Pag. 7A, La República, Listín Diario, 24 de agosto 2018). Nadie duda de que estas propuestas sean una excelente herramienta para convertir las percepciones de una buena política o gestión exportadora, en certezas. En el ámbito agropecuario no conozco las propuestas sometidas para la toma de decisiones públicas. La complejidad de la actividad agropecuaria, sector donde tenemos que decidir con prontitud, requiere de medidas de corto y mediano plazo, y conviene, pues, no confundirse con el estado de ánimo con el que se expresan otros sectores productivos en su conjunto.
La brecha tecnológica deja fuera a amplios subsectores agropecuarios y no todos sienten las mismas necesidades de interactuar y estar siempre al nivel de competitividad requerido, precisamente, porque muchos caen en la categoría de precaristas y en la proletarización campesina. Aunque no quiero que se piense que nos apresuramos a envolver en dificultades la propuesta que es costumbre cada vez que aparece una buena noticia sobre nuestro bien situado entorno, y de que queremos colocar obstáculos o ideas no constructivas.
No es mi caso. Pero debemos ser conscientes que hay que fomentar la siembra de cultivos exportables y competitivos, y hacerlo con calidad innovadora en tecnología y enfoque con las necesidades de los mercados que incrementen la productividad y por ende el valor de la producción. Tenemos deficiencias graves en semillas y materiales de siembra con baja certificación, y arrastramos un abultado pasivo que es la falta de competitividad, y que a pesar de tener un importante crecimiento promedio anual, los niveles de productividad o Índice Total de Factores es de 0.9, muy por debajo del promedio de los diez mejores países de ALC (2.0) y del promedio general de la región de (1.3); que necesitamos un mayor y mejor gasto público que ha descendido drásticamente y que ronda un 10% del valor bruto de la producción; que este gasto sea dirigido a bienes públicos como la sanidad e inocuidad y la innovación tecnológica, la infraestructura rural, la información de mercados; fortalecer el crédito de largo plazo; leyes a aprobar y modificar y que caen en el plan de reforma (semillas, agua, ley fitozoosanitaria); buenas prácticas agropecuarias (hemos avanzado en certificación, cadenas productivas y el de “País Tercero” para cumplir con las normas europeas; en el manejo de basura internacional con incineraciones en aeropuertos y puertos; la información cuarentenaria y base de datos, que mejora la confianza, entre otros); asimismo impulsar capacitación y extensión; fortalecimiento y buen manejo de los recursos naturales. Estos son los instrumentos de políticas públicas con mayor retorno económico, mayor impacto de productividad en el corto, mediano y largo plazo. La evidencia demuestra que la composición del gasto público rural es más importante que la magnitud del gasto (BID). Toca ahora a las autoridades reivindicar el sector haciéndolo incluyente, progresista y competitivo porque con la actual estructura no es posible.