Políticos y corrupción
El sometimiento a juicio y la orden de arresto –que no se puede cumplir de golpe y porrazo por la inmunidad que le otorga su condición de senadora— de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, no es más que otra banderilla sobre el costado del maltrecho sistema político, y de los politicos del continente.
Desde que Alberto Fujimori fuera destituido como Presidente de Perú, en el 2000, acusado de ‘incapacidad moral para ejercer el poder’ –para no remontarnos a los casos de Fernando Collor de Mello o Carlos Andrés Pérez, de Brasil y Venezuela en los ’90— una veintena de presidentes y expresidentes han sido destituidos por acusaciones de corrupción, varios de ellos arrestados y condenados, otros en condición de acusados y/o de prófugos bajo la modalidad de los ‘golpes constitucionales, que vinieron a sustituir la bota militar –los últimos fueron el fallido contra Hugo Chávez (Venezuela), Jamil Mahuad (Ecuador, 2000), Manuel Zalaya (Honduras, 2009). Por ‘golpes constitucionales’ fueron derrocados: Lucio Gutiérrez (Ecuador, 2005), Fernando Lugo (Paraguay, 2012), Otto Pérez Molina (Guatemala, 2015)), Dilma Rousseff (Brasil, 2016), Pedro Pablo Kuczynski (Perú, 2018), mientras varios expresidentes andan prófugos, como Alejandro Toledo, de Perú, y Rafael Correa, de Ecuador.
En otra esquina de la ignominia que afecta a la clase política latinoamericana, por lo menos una decena de expresidentes están presos y/o en juicios por acusaciones de corrupción durante sus administraciones: Luis Ignacio Lula da Silva (Brasil, 2003-2010, condenado por corrupción a 12 años de prisión en 2018); Alvaro Colón (Guatemala, 2008-2012) acusado de fraude y peculado en la compra de autobuses públicos en 2009, preso desde febrero 2018); Elías Antonio Saca (El Salvador 2004-2208), acusado de enriquecimiento ilícito de unos $4 millones de dólares, arrestado en febrero de 2018); Rafael Leonardo Callejas (Honduras, 1990-1994) se declaró culpable de conspiración con el crimen organizado y fraude electrónico ante una corte de Nueva York; Ricardo Martinelli (Panamá 2009-2014) acusado de una veintena de casos de corrupción durante su gestión (extraditado de EEUU espera juicio); Mauricio Funes (El Salvador, 2009-2014) acusado de desviar unos $8,424 millones de dólares, actualmente vive bajo refugio politico en Nicaragua; Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica, 1998-2002), condenado a cinco años de prisión por corrupción y sobornos en un contrato de telefonía cellular; Jimmy Morales (Guatemala, actual presidente), señalado por la ONU y la Fiscalía de su pais por evasión de $1 millón de dólares a la autoridade electotoral en la campaña de 2015; Francisco Flores (El Salvador, 1999-2004) acusado de malversación de fondos públicos por unos $15 millones; Rafael Calderón Fournier (Costa Rica, 1990-1994), condenado a cinco años de prisión en 2009 por corrupción al recibir comisiones en la compra de $40 millones de dólares en equipos médicos. El panorama es dificil, pero aún así, las encuestas internacionales y el voto de los pueblos, continúan dando un voto de confianza a los políticos, hasta aquí.