Buen momento
El transporte y la movilidad, ya sea de personas o de mercancías, es un tema de seguridad nacional. Cualquier cosa que dificulte o traumatice el que la gente o los productos puedan llegar a sus destinos crea un efecto maligno en el desenvolvimiento de la sociedad.
Desafortunadamente y por causa de una inexplicable permisividad política y económica, nuestro país no ha sabido blindar de una forma adecuada esos aspectos. Es conocido como históricamente representantes de grupos de carga y de pasajeros han arrodillado a las diferentes autoridades, las que en su incapacidad de poder controlar a los incontrolables, terminan aceptando una serie de formas y condiciones, sencillamente inaceptables. El derecho a la libre empresa es un estandarte de la democracia, pero cuando se trata de servicios sensibles a la paz social, el Estado tiene que jugar un rol de vigilancia, que en este caso puede ser de contrapeso, control o contención para que ningún grupo adquiera tanto poder y primacía, que afecte a todo el sistema, como en efecto ocurre. Y la idea no es cercenar los derechos constitucionales que tienen los grupos para hacer valer sus reclamos dentro de las circunferencias que las leyes permiten, sino establecer las normas y disposiciones, ya sean legales, situacionales, precautorias o administrativas, para que la economía no quede a expensas de los cambios de humor un determinado grupo de poder.
De ahí la importancia de aprovechar este momento en el que el principal sindicato de camioneros anuncia un paro por tres días, para reflexionar sobre la importancia de ampliar el mercado de transporte de carga, creando las condiciones jurídicas y de incentivos para que todo el que quiera participar lo pueda hacer sin tener que estar necesariamente amarrado a un gremio.
Aquí el asunto no es si la demanda de reducción a los precios de los combustibles que hace la Federación Nacional de Transportistas es válida (que lo es) ni si la forma radical y extrema de reclamo es insensata (que lo es) o si detrás de todo lo que está es la intención de negociación del líder de ese grupo, preso a 30 años por asesinato (que también lo es), sino que el país no puede seguir estando manos arriba ante temas en los que necesariamente tiene que tener, no el monopolio, pero sí el control.