Los logros “invisibles” de Salud Pública
Ante la acalorada e indefinida situación que impera en el ámbito político y, especialmente, ante el previsible incremento de hostilidades y naturales competencias, los resultados alcanzados por algunas entidades estatales empiezan a caer bajo un manto de opacidad propiciado por neblina de la incertidumbre y por la desconfianza.
No sólo eso. Llegó el tiempo en que la razón de la existencia de la oposición política medrará como es de esperarse en las insuficiencias de los resultados alcanzados. Más aún: en las sempiternas carencias, en las jamás satisfechas desde la fundación de la República.
La salud toca ese espacio y vive en él. Avanzando más de lo que puede, bajo unas determinantes sociales y económicas de la salud que han sido bien explicadas por especialistas como el ex director del Servicio Nacional de Salud (SNS) doctor Nelson Rodríguez Monegro y en este diario y sección, en su dimensión econométrica.
El resultado que en salud tiene el país presenta una “paradójica” correspondencia entre los resultados obtenidos por los sectores público y privado. Con la inauguración y reacondicionamiento de las edificaciones hospitalarias llevadas a cabo por el gobierno, la red pública ha quedado muchísimo mejor posicionada en términos infraestructurales que la red privada, augurando, como es el deseo del presidente Medina y del ministro de salud Rafael Sánchez Cárdenas, un positivo cambio en un tiempo de nuevos paradigmas.
Excepto en los aspectos en que intervienen los médicos, específicamente en cuanto a la mortalidad neonatal y materna, vinculada a la prestación de los servicios ginecoobstétricos —atinentes a una sola rama o especialidad— el sector público marcha viento en popa: dejando huellas alentadoras en su bien financiado Programa de Medicamento de Alto Costo y, también, en el fortalecimiento de las garantías de la salud colectiva derivadas del control de medicamentos y alimentos presentes en el mercado nacional, labor a cargo de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), dependiente del despacho del Ministro.
Pocas veces se otorga suficiente crédito al trabajo realizado desde unidades operativas del Ministerio de Salud como esta, encargada de esos registros y certificaciones. Se infravalora su importancia relevante, su condición de entidad responsable de vigilar que los alimentos y medicamentos que se consumen sean idóneos y no representen peligro para la salud de la gente.
Su sola existencia demanda que Salud Pública posea modernos laboratorios de análisis y equipos humanos dedicados al estudio y ponderación de los efectos que para la salud pueden tener los distintos componentes de los medicamentos, alimentos y bebidas.
Más aún: estas unidades han de tener capacidad para recabar y conservar las muestras de los distintos medicamentos y alimentos que circulan en el país, de origen nacional o importado.
Estas funciones constituyen anclajes que vinculan al Ministerio de Salud a entidades oficiales como el Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección General de Aduanas en caso de productos importados. Por el lado del sector privado local: a los productores nacionales de alimentos y bebidas y a los laboratorios farmacéuticos y clínicos.
La inexistencia de conflictos en estos ámbitos confirma que Salud Pública ha estado realizando, junto a la prevención epidemiológica, un trabajo arduo de resultados casi silentes por su ingreso a la arena de lo normal. Algo importante: lo regular habla de eficiencia. Una que deriva de esa vigilancia, rol legítimo y exclusivo del Ministerio de Salud, y la actitud de un empresariado que actúa sujeto a las leyes y normas vigentes en estas áreas.
Esta tarea, que antes implicaba años y meses, se corona con la reducción significativa del tiempo de emisión de los certificados de registros.
En palabras llanas: hay resultados evidentes e importantes. De ellos la sociedad debe estar consciente. Especialmente porque es penoso que un aspecto, dramático sin dudas e intolerable, que depende de la calidad de la atención médico-hospitalaria, venga a ser el único por el que se ha de evaluar a una entidad cuyos reportes tempranos o notificaciones epidemiológicas alcanzaron, en el 2017, una eficiencia igual al 87%, según la Dirección General de Epidemiología (Digepisalud), reduciendo significativamente el llamado “silencio epidemiológico”.
Los datos de la Digepisalud evidencian que el SNS registra un 87% de eficiencia en la notificación semanal de eventos epidemiológicos, en tanto, de su total de establecimientos, los centros de salud privados lo hacen en 59%; los militares en 67% y los sin fines de lucro en 70%. Indicador claro de dónde los reportes deben mejorar.
La situación Nacional de Salud en estos momentos es estable en todos los ámbitos, excepto en esos dos indicadores de mortalidades materna y neonatal para cuya reducción parece que habrá que invocar las leyes y los reglamentos porque, como dice el presidente del Colegio Médico Dominicano, no se puede defender lo indefendible.
Esta estabilidad resulta de que ante el cólera, el dengue, la malaria y la leptospirosis el sistema sanitario arroja resultados dentro del rango de seguridad esperado, mostrando que caen significativamente las defunciones por sus causas: a -33% para el cólera y el dengue, -100% para la malaria y de -21.15% para la leptospirosis.
Estos datos se extraen del boletín #40 de la Digepisalud (30 de septiembre al 06 de octubre, 2018). Al observar el informe es forzoso preguntar: ¿qué para mal ha cambiado del 2017 a hoy en los hospitales y clínicas del país para que incrementen en tal grado las mortalidades infantil (+14.9%) y neonatal (+13.15%)?
Sí, ante los resultados positivos obtenidos en salud cada cual debe cargar con su responsabilidad. Esperamos, en honor a la transparencia, lo anunciado por el ministro Sánchez Cárdenas: que Salud Pública incluya en el boletín de la Digepi, o en un informe semanal institucional, los resultados de estos indicadores, por centro de salud: público, privado, militar y de las ONGs.
Entonces sabremos si esas muertes ocurren o no en los hospitales y centros del gobierno.