El Presidente pactó con el país
Antes de entrar en el presente análisis, debemos puntualizar que lejos de ser un artilugio de oposición al Gobierno y sus tomadores de decisiones, es más bien un instrumento constructivo despojado de toda bandería partidista, aunque sí cubierto con la enseña tricolor del patriotismo –no nacionalismo–, con el objetivo de felicitar y apoyar la decisión asumida por el Presidente del país, por haber cumplido en esta ocasión con el juramento solemne ante la Asamblea Nacional de defender la soberanía nacional, ante las peligrosas eventualidades que se hubieran derivado de la firma de ratificación del Pacto Mundial para la Migración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En tal sentido, debemos reconocer con humildad que, aunque he estudiado el referido documento como licenciado en Derecho, no soy experto en estos temas, pero prefiero equivocarme en aras de defender la Patria, que perderla habiendo tenido la razón y quedarme en silencio.
Es preciso señalar, dado el cúmulo de experiencia profesional que poseo por haber tenido el honor de ejercer la carrera pública en el Estado por 30 años y además despachar asuntos de Estado directamente con el Poder Ejecutivo por casi ocho años como jefe de la Policía Nacional, asesor policial del Poder Ejecutivo y subjefe PN, que los mandatarios generalmente no se equivocan, sino que son mal asesorados.
Por lo que, no me cabe la mínima duda de que el Presidente de la República fue muy mal asesorado, quizás por los mismos personajes conocidos que promueven una agenda foránea divorciada de los mejores intereses de la Patria, y que el mandatario desconocía el fondo “turbio” del Pacto Migratorio Global, el cual fue discutido el 19 de septiembre de 2016 en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, con la presencia de jefes de Estado y de Gobierno, en donde trataron sobre temas relativos a la migración y los refugiados.
En un principio, las intenciones de la declaración fue la necesidad de crear un mecanismo integral de movilidad humana y una mayor cooperación a nivel mundial, hasta ahí toda la mejor intención, pero a partir de ese momento se puso en marcha un proceso de consultas y negociaciones intergubernamentales que culminó con la aprobación prevista del Pacto Global Migratorio.
Pacto que fue aprobado y firmado el pasado día 13 de julio 2018 por casi todos los miembros de la ONU –incluida la República Dominicana–, que se denominó “Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular”, con el compromiso de ser ratificada su firma el día 11 del presente mes en la ciudad de Marrakech, Marruecos. Como detalle, podemos observar que hasta la ciudad fue escogida estratégicamente, ya que está ubicada en el norte del continente africano, espacio geográfico donde se escenifica la mayor crisis migratoria del planeta.
Posiblemente todo hubiera trascurrido bajo una sospechosa discreción y pasado desapercibido en República Dominicana, si no fuera porque la representante de la República de Panamá se refirió al tema en cuestión y sus declaraciones fueron publicadas por el periódico “La Estrella” de ese país.
Como era de esperarse dada la sensibilidad del tema, las denuncias no se hicieron esperar, y una avalancha de críticas de todos los sectores de la vida nacional, partidos políticos, grupos empresariales, líderes de las iglesias y contundentes editoriales de los diarios más influyentes del país, conminaron al jefe de Estado a “abrir los ojos”, “cerrar sus oídos” a esos asesores y escuchar los arrítmicos latidos del corazón del pueblo.
Bajo este crispado escenario, el gobernante, con su fino instinto político, ordenó a los mismos personajes que lo indujeron a dar ese paso en falso, para que ellos mismos elaboraran un documento con sólidos argumentos para justificar todo lo contrario a sus propósitos lesivos, que hubieran podido sepultar, sin dudas, su carrera política, la gobernabilidad y la derrota del partido gobernante, además de echar su imagen ante la historia en el mismo zafacón donde se ubica la figura del mayor traidor de la Patria, el presidente Pedro Santana.
El pacto migratorio del cual nuestro Presidente acaba de salvar al país y que promueve la ONU, procura que los estados deleguen sus derechos y participación en decisiones que son de la sola exclusiva competencia, soberanía e independencia de los países amparados en sus respectivas constituciones, a través de un discurso “falible” y lleno de artificios legales, como aquello de que “no es vinculante”, pero que a la vez se regirá de conformidad al “derecho internacional”, y que si no se firma acarrearía “consecuencias”, lo que constituye un lenguaje engañoso, populista, chantajista e irresponsable.
Tampoco mide ni toma en cuenta las problemáticas propias de cada país, como es nuestro caso con respecto a Haití, además del hecho irrefutable de que los refugiados y migrantes son grupos distintos, gobernados por marcos legales separados y con realidades particulares, con el agravante del nocivo impacto y las afectaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos de cada nación, los cuales quedarían comprometidos, sometidos y disminuidos más allá de donde estamos ahora, en cuanto a su historia, cultura, tradiciones, costumbres, creencias religiosas, identidad, seguridad, su bienestar social y hasta su porvenir como nación.
En este contexto, de haber el Estado dominicano firmado la ratificación de este “Pacto Migratorio”, el país obligatoriamente se hubiera embarcado en reformar su ordenamiento jurídico, pues las constituciones, leyes y reglamentos de los países signatarios estarán compelidas a ser modificadas para ser conciliadas y acomodadas a dicho pacto internacional, el cual le atribuye una mayor injerencia a la Organización de las Naciones Unidas más allá de los derechos y poderes de los acordados por ese organismo internacional, que fueron las razones y el origen de su existencia en la denominada Carta de Naciones Unidas del 26 de junio de 1945.
Es necesario advertir, que una nación que carece de una verdadera “política migratoria” definida, donde su propia Constitución es vulnerable y sometida a modificaciones constantes, donde se tiene temor a aplicar la ley y los controles migratorios por parte de las autoridades, es fácil colegir que la firma de este Pacto Migratorio Global hubiera sustituido de “facto” la real política migratoria del Estado dominicano.
El texto, que lo componen 23 principios generales que cada país signatario se compromete a respetar, el tema del desarrollo de la política migratoria nacional contraviene varios artículos consagrados en nuestra Carta Magna, la Ley de Migración N° 285-04 y la Sentencia TC 168-13; y cuando se habla de los “esfuerzos” para abordar la migración integral y global y sus desafíos para proteger a todos aquellos que emprenden “ruta”, no es más que un claro llamado a estimular a que millones de personas de regiones en crisis emprendan el camino de la emigración que convertirá a los “estados receptores” en grandes zonas de “asentamientos humanos”, con la gravosa carga de otorgarles de manera graciosa y gratuita todos los derechos ciudadanos, seguridad social, oportunidades de trabajo, educación gratuita, así como también de protección de asistencia legal y éstos no ser detenidos ni mucho menos repatriados tan solo como último recurso.
Sin embargo, olímpicamente la ONU exonera de toda responsabilidad a los países que expulsan a su población producto de la explotación, abusos y corrupción de la clase gobernante, política y empresarial que los oprime, somete y reduce, haciendo caso omiso a la propia problemática interna social, política, económica, educativa, ambiental, productiva, de injusticia, de pobreza y desigualdad de aquellos estados receptores, que como la República Dominicana, tendrían que asumir y cargar por la irresponsabilidad de esas naciones oprobiosas y mal gobernadas.
Es preciso señalar, que apoyamos y defendemos el derecho a la “migración”, pero a la vez, con mayor energía apoyamos y defendemos el derecho irrenunciable de cada país a controlar de manera soberana e independiente de quién entra o quién sale de su territorio, siempre anteponiendo los sagrados intereses de la Patria, la convivencia pacífica y libertad de sus ciudadanos.
Concluyo reafirmando que con esta atinada decisión, el presidente de la República, Danilo Medina, puso su olfato político del lado del sentir de la mayoría la nación y finalmente pactó con el país, defendiendo las sagradas palabras de DIOS, PATRIA y LIBERTAD, para tranquilidad y bienestar de todos sus conciudadanos.