Contrarreforma o liquidacionismo agrario

Dedicado al doctor Marino Vinicio Castillo R., encarnación del sentimiento agrarista.

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Definitivamente los títulos de propiedad de los parceleros de la Reforma Agraria terminarán ejecutados en las instituciones bancarias, en los centros de financiamiento con usura y, en el peor de los casos, en manos con recursos cuantiosos del ilícito (lavado, narco, corrupción en el Estado…). Será una vuelta al pasado; la sustitución del propósito de justicia social. Vista la no extinción de dominio en los bienes del narcotráfico facilitará la adquisición de esos inmuebles que realmente le dan estatus social al adquiriente; también los políticos corruptos, contribuyendo a un debilitamiento de las normas constitucionales e institucionales (Código Agrario y el I.A.D.). Aquellos caseríos privados de la energía eléctrica, de agua potable, de caminos accesibles solo para las uñas de los caballos y mulos, sin un consultorio médico, y con la dificultad mayor: sin parcelas y sólo con el machete y el hacha, herramientas en la que descansaba la economía agraria del país. Es decir, estas lacras encontraron muchos discursos para sacar del atraso, de esa vida rudimentaria, de peón agrícola asalariado y que hoy se apagaron, sólo fueron efectivas para exigirle al gobernante más preocupado para corregir esa situación del proletariado campesino dominicano, y exigirle con métodos violentos de guerrillas rurales y urbanas, ocupaciones y manifestaciones que terminaron en desgracias personales. Todos cargados de espejismo y falsas ilusiones para conquistarlas. Balaguer con hechos y no palabras elevó a grandes núcleos de campesinos a la dignificación. Es fácil entregar títulos de propiedad, lo difícil es entregar parcelas aptas para ser explotadas. ¡Ay aquella satisfacción de Manolo Muñoz en Mao, Valverde, cuando terminamos de electrificarle un poblado en un asentamiento, o de Rema Mercedes en la provincia María Trinidad Sánchez, entregando el centro habitacional para parceleros de La Pichinga y Los Limones (320 viviendas) en el 1989), planteándonos la necesidad de continuar ese programa de construcción de agrovillas (Carbonera, San Ramón, El Limón, Independencia, Finca Grullón, Gozuela, Las Matas de Santa Cruz, Angelina, Santa Elena, entre otros), sí confirmarían el asentamiento agrario, nos decían! Es de reconocer que el presidente Medina esté resuelto a confirmar y justificar la veracidad de producir con el soporte de una baja tasa crediticia por razones instrumentales como son los criterios valorativos de la equidad con otros productores más avanzados que están insertados en el mercado. Pero de Reforma Agraria los que debemos consolidar a las parcelas son agricultores y no agentes inmobiliarios. Ejemplos como el de Juma, Monseñor Nouel, se repiten en Villa Altagracia, Sánchez Ramírez, Villa González, María Trinidad Sánchez, San Juan de la Maguana, La Altagracia, Puerto Plata, entre otros. ¿Por qué el Estado tiene que regalar un bien tan preciado con vocación urbana, turística, comercial, industrial, etc.? ¿De qué ha valido tanto sacrificio económico por parte del Estado? ¿De qué ha valido tanto compromiso ideológico o, mejor dicho, agrarista, con el proceso de cambio de explotación social de las tierras repartidas en más de 50 años? Tanto empeño, dedicación y riesgos de hombres y mujeres que aceptaron el reto de desmontar el caciquismo rural, los grandes latifundios, los terrenos estatales en usufructo de particulares. Admito que no es tiempo de “revolución agraria”. Ahora parece existir una actitud dogmática, y situados en esa perspectiva no faltan destacados expertos ajenos a la estructura del asentamiento formal, a la previa consolidación de la fase ascendente del ciclo reformador. A juicio de esos tecnócratas, que trabajan para el Gobierno o se muestran muy próximos a sus planteamientos ideológicos o políticos, no debe aplazarse la contrarreforma, parece que a la larga necesaria para la “democratización de las oportunidades”. Esto es liquidacionismo.