Asesinan por reclamar tierras
CIUDAD DE SAGAY, Filipinas — El día que el hombre armado asesinó a su esposo, Elza Balayo tenía previsto darles un gusto a sus cinco hijos: pescado para acompañar el arroz que era su comida habitual. La pareja caminaba a casa desde el mercado, con su pequeño hijo, cuando un disparo perforó el silencio.
Balayo le dijo a la policía que reconoció al atacante. Era administrador de la plantación de caña de azúcar en el extremo norte de la isla de Negros, donde la familia de su esposo había vivido y trabajado durante más de 70 años.
No tenía dudas de por qué apretó el gatillo: para castigar a su esposo por tener la audacia de buscar ser dueño de un pedazo de tierra. “Arriesgó su vida para ser dueño de la tierra”, dijo.
Durante décadas, los líderes han prometido atacar una flagrante desigualdad que enmarca la vida en este lugar —el dominio de un puñado de familias terratenientes y la falta de tierra de decenas de millones de campesinos, que cultivan en condiciones casi feudales. Rodrigo Duterte, el actual presidente, asumió el cargo hace más de tres años con la promesa de liberar, a los filipinos de poblaciones rurales, de la pobreza, mediante la distribución de tierras a los agricultores.
Aunque Duterte se ha creado una imagen de hombre del pueblo con una sangrienta represión contra la delincuencia, ha eludido una lucha populista crucial. No ha desafiado el control de los terratenientes. En cambio, lo ha fortalecido, reforzando las condiciones que le dieron la oportunidad de asumir el poder. Más del 38 por ciento de los niños filipinos, que viven en zonas rurales, sufren de atrasos en su desarrollo, pese a vivir en una de las tierras más fértiles del planeta. Más de una, de cada cinco personas, de 108 millones de habitantes, es oficialmente pobre, a pesar de que la economía se ha expandido rápidamente en los últimos años.
Los terratenientes dominan los gobiernos locales, mientras despliegan ejércitos privados para mantener el