Río contaminado revela el fracaso ambiental mexicano
EL SALTO, México — Cuando el contaminado río Santiago cae en una cascada, en las afueras de Guadalajara, en el occidente mexicano, su hedor parece estar por doquier: flota sobre los cultivos, se filtra en los hogares e impregna el agua del grifo.
El río huele a desechos industriales y drenaje, una catástrofe gestada durante años. Los activistas afirman que las sustancias químicas desechadas por las fábricas han contribuido a formar una combinación tóxica, que ha provocado la muerte y enfermades a muchas personas, a lo largo del río. Hace poco, el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales lo llamó un “infierno medioambiental”.
“Este pueblo es como un Chernóbil en cámara lenta”, afirmó Enrique Enciso, cuya casa en El Salto se ubica a unas cuadras del río. Su familia ha luchado por más de una década para lograr que lo limpien.
El río es un ejemplo perfecto del fracaso de México en la protección del medio ambiente: un análisis realizado por The New York Times reveló que 15 años de acciones diseñadas para limpiar el río Santiago han fracasado debido a vacíos legales, financiamiento insuficiente y una falta de voluntad política.
Ahora, México ha firmado un amplio pacto comercial con Estados Unidos y Canadá, en el que promete conservar su medio ambiente: cláusula que fue determinante para obtener la aprobación de los demócratas en el Congreso estadounidense.
No obstante, varias entrevistas realizadas por el Times con autoridades y familias , que viven en las riberas del río, demostraron que, es muy poco probable, que México pueda cumplir las condiciones del acuerdo. Esto es porque se requeriría una reforma del deficiente marco legal mexicano y un cambio en las condiciones políticas, que permitieron que el río Santiago se convirtiera en poco más, que un canal de desechos industriales.
El río Santiago, que atraviesa el estado de Jalisco, demuestra lo incapaz que ha sido el gobierno para vigilar a las empresas ubicadas en una cuenca importante.
La ONU identificó a este río como la vía navegable más contaminada de México. Las granjas y fábricas que impulsan la economía mexicana —y que deberían cumplir las obligaciones impuestas por el nuevo tratado— descargan cantidades ilegales de desechos en su cauce, casi sin sanción alguna.
Las fábricas deben registrar y encargarse de sus propias emisiones, un ejercicio de buena fe que los mismos funcionarios reconocen que no funciona.
Menos de una tercera parte de las aguas residuales de la industria se someten a tratamiento, dijo recientemente la directora de la dependencia gubernamental a cargo de los ríos de México, la Comisión Nacional del Agua, o Conagua, citando cifras de 2017.
Hay compañías que sí tratan sus aguas residuales, precisó Blanca Jiménez. “Pero hay otras que no, a pesar de tener los medios económicos. Y allí debe intervenir el Estado”. Sin embargo, casi nunca lo hace.
Las autoridades mexicanas saben desde hace varios años que el río Santiago está muy contaminado. En 2008, un niño de 8 años, Miguel Ángel López Rocha, cayó accidentalmente en un afluente del río Santiago. Logró salir, pero a la hora de la cena sufría convulsiones y vómito. Murió unos días después por envenenamiento con arsénico causado por el río, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Su muerte atrajo la atención de todo el país hacia la contaminación, y el estado encargó un estudio. El informe de 2011 reveló que el río contenía niveles elevados de arsénico, plomo, cadmio, cianuro, mercurio y níquel.
José Chedid Abraham, ex director de Conagua para la cuenca del río Santiago, indicó que las leyes para combatir la contaminación tienen fallos. Eso podría cambiar bajo el nuevo pacto comercial, declaró Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, una de las principales organizaciones ambientales de México.
Dentro de las letra pequeña de la ley que, el Congreso de EU redactó para aprobar el acuerdo, está una medida que exigiría la corrección de los fallos, por parte de México, en la aplicación de las leyes o enfrentaría posibles sanciones. “Podría ser una señal importante”, indicó Alanís. “Siempre hemos querido que haya un cumplimiento de la ley”.
Sin embargo, las comunidades que viven a lo largo del río tienen pocas esperanzas de que las cosas cambien. La familia Enciso ha estado presionando para que se actúe, desde hace más de una década. En ese tiempo, han visto a sus vecinos sufrir de enfermedades renales, respiratorias y salpullido. Otros han desarrollado cáncer y muchos creen que el río tiene la culpa.
“Ahora nos damos cuenta del tamaño del monstruo”, expresó Graciela González, esposa de Enciso.
El acuerdo comercial ofrece esperanzas de un agua más limpia.