Asesinan a agricultores filipinos por reclamar tierras
control. Duterte prometió atacar este sistema. Se ha enfocado en los delincuentes como la amenaza fundamental a la vida diaria, exhortando a los justicieros a que “los masacren a todos”. Pero durante su mandato, el crecimiento del empleo se ha ralentizado, mientras que los precios de los productos básicos se han disparado. Las regiones más ricas se han alejado aún más de las más pobres.
Balayo ha perdido las esperanzas de ver que se haga justicia, más de un año después del homicidio de su esposo. Su denuncia no ha arrojado ninguna investigación significativa, dijo. Muestra repulsión cuando se menciona el nombre de Duterte. “Solo habla y habla”, comentó. “Ha pasado tanto tiempo y aún no tenemos nuestras propias tierras”.
Al principio, el presidente asignó el trabajo de supervisar la redistribución de tierras a Rafael V. Mariano, ex integrante del Congreso y activista de los derechos de los agricultores. Pero pronto fue despedido, y sobre Duterte manifestó: “no es realmente serio ni sincero, al abordar el problema fundamental del campesino filipino, que es la falta de tierras”.
Duterte tiene un índice de aprobación de casi el 80 por ciento. No obstante, entre los agricultores pobres se le considera cada vez más como una amenaza, a medida que intensifica una batalla de décadas, contra una insurgencia comunista, el Nuevo Ejército del Pueblo, que recluta entre campesinos.
Cuando Duterte asumió la presidencia, prometió forjar la paz con el Nuevo Ejército del Pueblo. Confirmó uno de sus objetivos clave: poner las tierras en manos de los agricultores pobres. Instaló a Mariano como secretario de la Reforma Agraria. Durante siglos, grandes intereses se habían enfrentado por los suelos fructíferos del archipiélago. Productos básicos como el azúcar y el coco eran cruciales para los propósitos coloniales de los españoles y los estadounidenses. Filipinas declaró su independencia en 1946.
Ferdinand Marcos, el dictador respaldado por EU, buscó una reforma agraria, como parte de una estrategia para atacar la insurgencia comunista. Pero Washington lo exhortó a respetar los derechos de la propiedad. Marcos fue llevado al exilio por las manifestaciones de la Revolución del Poder del Pueblo, en 1986.
Su sucesora, Corazón Aquino, supervisó la redacción de una nueva Constitución, que hacía un llamado a una reforma agraria. El 90 por ciento de las tierras era controlado, en ese entonces, por un 10 por ciento de la población. En el marco de una ley de 1988, un área del tamaño de Portugal, sería distribuida a los agricultores durante la siguiente década.
Pero los terratenientes manipularon el proceso, al vender oficialmente sus propiedades, a medida que conservaban el control. En la Hacienda Balatong, una de las plantaciones más grandes en Negros, Eduardo “Danding” Cojuangco Jr., un amigo de Marcos, evadió una transferencia impuesta por el gobierno.
Unas 2.000 familias vivían ahí. Los agricultores ganaban apenas 100 pesos filipinos diarios (menos de 2 dólares). A finales de los 90, los Cojuangco persuadieron a los agricultores para que aceptaran una distribución de tierras para prevenir las medidas del gobierno. Los agricultores recibían el título de propiedad, mientras que les arrendaban la tierra a los Cojuangco, a cambio de pagos de 10.000 pesos al año. Para la mayoría, esto era demasiado dinero como para pasarlo por alto.
María Luisa Malvez, de 51 años, contó que la familia de su esposo había vivido en la plantación durante, al menos, cuatro generaciones. Dos veces al año, su suegro Paulino Malvez iba al centro de pagos. No podía entender el acuerdo que tenía que firmar. Cuando Ben Ramos, un abogado de derechos humanos, leyó los términos en 1999, exhortó a la familia a dejar de aceptar el dinero: el acuerdo socavaba futuros reclamos sobre la tierra.
El nombramiento de Mariano pareció marcar una nueva era. Para que lo asesorara, reclutó a Ramos, que promovió una petición que buscaba anular el acuerdo de arrendamiento en la Hacienda Balatong y dividir la propiedad en parcelas para los agricultores. La petición argumentaba que los Cojuangco habían obtenido la tierra de forma ilegal, a través de su asociación con Marcos.
Mariano indicó que su departamento estaba en proceso de aprobar la petición. Pero en septiembre de 2017, menos de 15 meses después de ser nombrado por Duterte, Mariano quedó fuera. En el transcurso de una audiencia de dos días en
Manila, fue sometido a un ataque sostenido de los terratenientes, que habían sido su objetivo, especialmente los aliados de Duterte. Mariano indicó que los funcionarios locales y el secretario de Defensa Nacional afirmaron que había ayudado al Nuevo Ejército del Pueblo en los ataques en la zona.
Al año siguiente, Ramos estaba de pie, a un lado de la carretera, cuando dos hombres en motocicletas abrieron fuego y lo mataron. Fue el abogado número 34 asesinado, desde que Duterte se convirtió en presidente. En un discurso en 2017, el presidente le dijo a la policía que perseverara ante los abogados de derechos humanos, que investigaban los asesinatos de presuntos delincuentes. “Si obstruyen la justicia, dispárenles”, ordenó Duterte.
Los agricultores en la Hacienda Balatong comentaron que su petición básicamente ha desaparecido.
Los dueños de las plantaciones suelen desestimar la distribución de tierras como un fracaso. Los agricultores carecen de dinero para cuidar sus parcelas, así que a menudo, vuelven a venderle la tierra a los dueños anteriores. “Están suficientemente felices de trabajar para nosotros”, expresó Gerro Locsin, dueño de una plantación azucarera en Negros. “No hay problema”.
Eduardo Balayo sí tenía un problema. Su familia era pobre. La única solución que podía imaginar era ser dueño de una parte de laHacienda Ubamos. “Lo veía como una forma de salir de la pobreza”, afirmó su viuda. “El sueño era que los niños pudieran recibir una educación y no seguir nuestro destino”.
Ganaba alrededor de 800 pesos a la semana (menos de 16 dólares). La familia construyó su casa con bambú, hojas de palmera y costales de arroz de plástico. Mantener a los hijos en la escuela era una lucha constante. “Algunas veces tienen que caminar descalzos, porque no podemos comprar zapatos”, relató su viuda.
Balayo organizó una asociación de agricultores locales para buscar la distribución de tierras, presentando la documentación en 2013. Él y su hermano mayor, Welter, y otros siete hogares, habían sido aprobados como beneficiaros calificados de la propiedad de 12.3 hectáreas. Cada uno recibiría 1.3 hectáreas, suficiente para producir más de 60 toneladas de caña de azúcar al año, puntualizó Elza. Después de los gastos, podrían ganar 120.000 pesos (unos 2.350 dólares).
Pero la hacienda era controlada por Narciso L. Javelosa, el vicealcalde de la ciudad de Sagay, a través de un contrato de alquiler con la familia terrateniente. Los hombres con pasamontañas caminaban por las veredas con pistolas en la cintura. “Estaba muy preocupada”, recordó Elza. “Pero mi esposo me dijo, ‘no me detendré hasta que consigamos esta tierra’”.
El 15 de septiembre de 2018, cuando regresaban del mercado, el administrador agrícola, Raymundo Jiménez, abrió fuego. Cuando la policía llegó, ella identificó al pistolero como Jiménez. Asume que no están intentando encontrarlo: “trabaja para el vicealcalde”.
Welter, el hermano mayor de Balayo, asumió la iniciativa de buscar la tierra. El 20 de abril de 2019, mientras trabajaba en un arrozal, justo en las afueras de la hacienda, también fue asesinado a tiros.
En agosto, la oficina regional del departamento de Reforma Agraria dictaminó que los siete agricultores restantes ya no estaban calificados para hacerse cargo de la tierra. La orden confirmó una moción de los terratenientes, que acusaban a los agricultores de “entrada forzada”.