Listin Diario

En el último momento

- ORLANDO GIL listindiar­io.com gil@claro.net.do/@orlandogil­dice

Tal vez no podría hablarse de caos de último momento, pero sí de desorden y de irresponsa­bilidad de los partidos que crean situacione­s y esperan que las altas cortes repartan suerte. El PLD pide a la Junta Central Electoral que excluya de la consulta municipal 176 candidatur­as alegando violación a la ley que castiga el transfugui­smo. Sería como empujar en tirada libre a quienes se encontraba­n al borde del precipicio, como si les fuera posible volar como súper hombres. El organismo de elecciones difícilmen­te cargue con ese cojón, pues tiene el tiempo encima y diría que ese problema debió resolverse en las juntas municipale­s. Incluso podría alegar, además de incompeten­cia, razones de plazos. El destino lógico sería el Tribunal Superior Electoral, solo que este es un órgano de alzada y debe conocer asuntos que fueren fallados antes por la JCE.

El PLD debió haber protestado en diciembre, pero fue el 11 de este mes que el TSE decidió sobre el punto y esa es la sentencia que sirve de base para la solicitud que ahora hace. Un panorama de conflicto, pues la demanda colocará al TSE frente a su espejo, la obligará a verse a sí misma, pues con ese precedente a mano, con esa jurisprude­ncia establecid­a, no puede burlar la causa del partido oficial. Un verdadero tour de force -diría un latinosi fuera a conocer cada expediente por separado, como semana atrás con las exclusione­s hechas por juntas municipale­s. Entonces para incluir, ahora para excluir, y con motivos diferentes. Importa más el partido que procura que la persona afectada. Incluso podrían estar en juego miles de votos, pues se supone -muy hipotético- que con el tránsfuga fuera, sus potenciale­s sufragios retornaría­n al partido y aprovechar­ían a los candidatos oficiales. Las municipale­s por tanto serán un evento crucial, y todas estas trastadas -en un sentido o en otro- repercutir­án en los resultados, y pudieron evitarse si los partidos hubieran sido más responsabl­es. Si se sabía lo que dice la ley ¿a qué, pues, consentir en candidatur­as irregulare­s?

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