Vertederos de basura dominicanos: masiva calamidad pública
República Dominicana tiene desafíos inaplazables en el manejo de residuos sólidos. Para disponer de toda la basura de la nación se registran 350 vertederos. Los 158 municipios del territorio nacional, tienen al menos dos destinos finales de residuos cada uno. Cuando organismos independientes y agencias especializadas estudian la mayoría de ellos, se observan en masivo desorden con elevada presencia de microorganismos, desechos hospitalarios peligrosos, gases tóxicos, materias generadoras de incendios, malos olores y cientos de miles de insectos y roedores transmisores de enfermedades.
Se conoce que diariamente en el país se producen más de 13,000 toneladas a razón 2.3 libras/ habitante. De este total el 32% son materiales inorgánicos, imperecederos, duraderos, desechos y residuos reciclables de valor comercial.
El 66% de los destinos finales de basura dominicanos ocupan terrenos de alta calidad agrológica. Igualmente se conoce que el 60% de ellos están situados en zonas de importancia hidrológica muy próximos a ríos, arroyos y presas. Toda la basura dominicana genera 43,000 litros/ día de lixiviados, o sea líquidos contaminantes, negros, amarillos, densos de mal olor a ácido y restos de espuma. Mientras en América Latina de cada 100 vertederos, 45 son de mala calidad y muy contaminantes, en la República Dominicana esta proporción empeora a más 95%. Los vertederos a cielo abierto son un factor de contaminación del suelo y todas las fuentes de agua del suelo y el subsuelo. Afectan sensiblemente la salud de las personas por el humo generador de cientos de miles de casos de enfermedades respiratorias y alergias.
En América Latina y el Caribe hay 14,000 territorios que se usan como vertederos controlados; vertederos a cielo abierto y rellenos sanitarios. El costo promedio en dólares por tonelada dispuesta en ellos es $20.4. Brasil tiene el costo más alto con $31.5. En Santiago de los Caballeros, República Dominicana es 24.3 dólares.
Para resolver esta problemática, el Estado dominicano efectúa intervenciones de débil impacto. Primero, el Ministerio de Medio Ambiente formuló el proyecto de ley de gestión integral que “deambula” en el Congreso desde año 2014. Segundo, se instituyó en 2017 del Plan Dominicana Limpia como iniciativa del Gobierno, vía el Ministerio de la Presidencia y coordinada por la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP).
Esta creación fue reforzada por el Decreto 23317 que declaró el tercer sábado del mes de septiembre de cada año, como “Día Nacional de Limpieza” en el marco del Día Interamericano de la Limpieza. En 2017, el presidente Danilo Medina anunció una inversión de RD$1,500 millones para los próximos tres años (2017-2020), con el fin de apoyar el Plan Dominicana
Limpia y otros RD$318 millones adicionales para de equipos pesados de los ayuntamientos. No hemos podido encontrar el reporte exacto de rendición de cuentas de esta inversión pública.
Se subraya además las donaciones de camiones compactadores efectuadas por el gobierno a diversos ayuntamientos. En especial los 12 camiones donados por el presidente Danilo Medina, al Ayuntamiento de Santiago dirigido por Abel Martínez. Donaciones que se reconocen, pero que vienen a suplir el incumplimiento por más de 17 años de la Ley 166-03 que obliga a transferir a los municipios el 10% del presupuesto general de la Nación.
En el caso de Santiago, los residuos sólidos impulsados en la administración del Alcalde Abel Martínez, convirtieron la limpieza municipal, aseo urbano y la higienización en un modelo que incluso ayuda a detener el avance de la Pandemia Covid-19.
Desde el año 2005, el Consejo para el Desarrollo Estratégico (CDES) fue la primera organización social de la Nación que formuló una agenda de gestión de residuos. Empresarios de reconocida responsabilidad social como Félix García, Miky Lama, Juan José Batlle Álvarez y Rafael Yunén trabajaron en conjunto con técnicos y autoridades municipales. Se gestó la Corporación de Aseo de Santiago con estatutos reconocidos por el Concejo de Regidores. Era la primera vez en mucho tiempo que la sociedad civil se aliaba a las autoridades para impulsar un sistema integral de gestión de residuos solidos con apoyo de varias agencias internacionales.
Sin embargo, este sistema no tuvo la sostenibilidad necesaria en la medida que las autoridades del período 2010-2016 pretendiendo “generar energía de la basura”, desmontaron este régimen creando la más grande crisis de basura que ha tenido Santiago en toda su historia. Anarquía que fue sintetizada críticamente en el año 2011 por las autoridades del Consejo para el Desarrollo (CDES) en un diagnóstico resumido en carta firmada por Carlos Fondeur, presidente del Plan Estratégico y dirigida al Alcalde de turno.
Este diagnóstico puso en evidencia la cancelación de más de 25 ingenieros entrenados en Japón por la Agencia de Cooperación de ese país. El hurto de los cables y del programa automatizado de pesaje de los camiones recolectores; el deterioro del control georeferenciado de la flota de compactadores y la pérdida de cientos de salarios mensuales de las brigadas que trabajan en la limpieza. Este desorden produjo en Santiago más de 1,500 vertederos improvisados de basura.
En este orden, si valoramos lo acontecido en el vertedero de Duquesa, Santo Domingo y las buenas prácticas del relleno sanitario de Rafey en Santiago se tienen de referencia dos polos del manejo. El impacto positivo de los más de 350 vertederos de basura dominicanos, impone acciones de ordenamiento y gestión metropolitana mancomunada que serán tratadas en la próxima entrega.
“EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE HAY 14,000 TERRITORIOS QUE SE USAN COMO VERTEDEROS CONTROLADOS”.