El virus disimula la gran deforestación
yRÍO DE JANEIRO — Desde que asumió el cargo, el presidente Jair Bolsonaro de Brasil ha permitido una mayor destrucción de la selva amazónica.
Ahora, el coronavirus ha acelerado esa destrucción.
Los madereros ilegales, los mineros y los acaparadores de tierras han despejado impunemente vastas zonas del Amazonas en los últimos meses, a medida que la pandemia ha obstaculizado los esfuerzos de aplicación de la ley.
Es casi seguro que esas áreas, recientemente despejadas, darán paso a una serie de incendios aún más generalizados y devastadores, que los que provocaron la indignación mundial el año pasado.
Las consecuencias de la pandemia han exacerbado la degradación ecológica puesta en marcha por las políticas gubernamentales de Bolsonaro, que favorece la expansión del desarrollo comercial en la Amazonia y considera las regulaciones ambientales, como un obstáculo al crecimiento económico.
Se estima que se talaron 1.200 kilómetros cuadrados de la cubierta de árboles de la Amazonia de enero a abril, un aumento del 55 por ciento, con respecto al mismo periodo del año pasado, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, una agencia gubernamental. El año pasado, la deforestación en la Amazonia había alcanzado niveles que no se habían vistos desde 2008.
Al mismo tiempo, el coronavirus ha cobrado más de 36.000 vidas en Brasil, que ahora registra el mayor número diario de muertes en el mundo. También ha dominado los titulares y los debates políticos en los últimos meses, eclipsando el aumento de los daños en la selva tropical.
Ricardo Salles, ministro del Medio Ambiente, que apoya la flexibilización de la regulación ambiental, por parte de Bolsonaro, indicó a finales de abril que veía la pandemia como una oportunidad para reducir las restricciones, mientras que la atención se centraba en otra parte.
“Tenemos que hacer un esfuerzo aquí durante este periodo de calma, en términos de cobertura de prensa porque la gente solo habla del Covid”, indicó durante una reunión de gabinete del 22 de abril.
Los comentarios hicieron que los fiscales federales pidieran una investigación.
Las acciones de cumplimiento, por parte de la principal agencia de protección ambiental del país, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, o Ibama, cayeron drásticamente durante 2019, el primer año de Bolsonaro en el cargo, según un documento de la agencia.
Los funcionarios gubernamentales y activistas ambientales afirman que el aumento en la deforestación está impulsado por un sentimiento prevaleciente entre los madereros y mineros ilegales de que derribar la selva tropical conlleva un riesgo mínimo de castigo y produce una recompensa significativa. El gobierno de Bolsonaro despidió a tres funcionarios de Ibama en abril, después de que la agencia llevó a cabo un gran operativo contra los mineros ilegales.
Aproximadamente el 50 por ciento de la cubierta de árboles perdida, durante los primeros cuatro meses de este año, estaba en terrenos públicos, según Ipam Amazônia, una organización de investigación ambiental. “Veo que el oportunismo alimenta la ilegalidad, ya que la gente se aprovecha de la fragilidad del momento que vivimos, tanto política como económicamente. Esta crisis del coronavirus se está convirtiendo también” en una crisis ambiental”, comentó Ane Alencar, directora de Ciencias de Ipam Amazônia.
Después de que el gobierno de Brasil fue criticado por los incendios el año pasado, Bolsonaro desplegó las fuerzas armadas para apagarlos y evitar que se produjeran nuevamente. Eso dejó gran parte de la tierra, que fue despejada en 2019, lista para ser quemada este año. En mayo, el gobierno de Bolsonaro envió unos cuantos miles de soldados a la Amazonia y les encargó prevenir delitos ambientales durante 30 días.
En un comunicado por correo electrónico, el ministerio de Defensa informó que había dedicado 3.800 integrantes del servicio, 11 aviones, 11 barcos y 180 vehículos a apoyar la misión. La operación, indicó, “demuestra claramente la firme determinación de Brasil de preservar y defender el Amazonas”.
Los activistas ambientales dicen que agradecen cualquier incremento en la aplicación de la ley, pero la mayoría ve la operación militar como una táctica de relaciones públicas, que no cambiará la trayectoria de la deforestación, ni conducirá a un castigo de las personas clave que impulsan la destrucción.
Adriano Karipuna, un líder indígena en el estado de Rondônia, señalo que su comunidad se siente cada vez más vulnerable. “Lanzan una gran operación, pero es solo para ponerla en las noticias”, dijo. “En realidad nunca arrestan a nadie”.
Mineros y madereros arruinan el bosque con impunidad.