No metamos la mano en los bolsillos y en las pensiones

Enfoque. Ley del uso del 30% de los depósitos de las AFP

El proyecto de ley presentado en el congreso que permitiría a los trabajadores cotizantes de las AFP (trabajadores que actualmente “cotizan”, o ahorran mensualmente, para constituir sus pensiones hacia su retiro en el futuro) retirar el 30% de sus ahorros acumulados en las diferentes AFP que conforman el Sistema Nacional de Pensiones, es un verdadero espejismo que esconde un conjunto de imágenes erróneas y efectos negativos. Empecemos por desmitificar a las AFP como los “monstruos” que se ha pretendido presentar. Las AFP no son dueñas de esos recursos, son ADMINISTADORAS, LOS RECURSOS SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS “COTIZANTES”, NO ESTAMOS QUITANDOLE DINERO A ESE “GRAN NEGOCIO” QUE SE PIENSA SON LAS AFP: ESTAMOS JUGANDO CON EL DINERO Y LAS PENSIONES DE LOS TRABAJADORES COTIZANTES. A la AFP le corresponde ser celosas con esos depósitos, invirtiéndolos de manera segura, para proteger a los trabajadores. Para ello existe una ley que limita severamente las áreas donde se pueden invertir el dinero depositado bajo administración. Esos recursos, y los intereses que generan, son la base de la pensión futura del trabajador; Cualquier reducción en los depósitos individuales de cada trabajador, reduce su pensión futura, es dinero del trabajador.

Analicemos la realidad de los efectos de la ley. Primero, sería METER LA MANO EN EL BOLSILLO DEL TRABAJADOR COTIZANTE AHORA, VERSUS UNA PRONUNCIADA REDUCCIÓN DE LOS MONTOS QUE ESOS TRABAJADORES COBRARÍAN COMO FUTUROS PENSIONISTAS, para garantizar su retiro en la vejez. Segundo, ocasionaría graves perjuicios a la estructura económica del Sistema Nacional de Pensiones; Tercero, todo ello para no obtener el supuesto objetivo del legislador de ayudar a los cotizantes del sistema a sobrepasar las penurias económicas que les ha causado la crisis del Covid-19, situación de la cual no son responsables ni los cotizantes ni sus patronos empleadores; Finalmente, y cuarto, la ejecución de esta ley crearía graves desequilibrios macroeconómicos, afectando significativamente al Banco Central y las finanzas públicas responsabilidad del Ministerio de Hacienda.

El Espejismo de este proyecto de ley esconde un absurdo moral detrás de una idea que parece sencilla y justa: Si en la cuenta del trabajador en la AFP tiene ya ahorrados una suma determinada, digamos RD$ 140,000.00 (El promedio actual), 1 parecería lógico que debe tener el derecho a que le “devuelvan” digamos RD$ 30,000.00, para utilizarlos en este momento tan difícil. Parece claro, justo y fácil. Ahora bien, ¿tiene sentido para un empleado o un trabajador (el “cotizante”) que se le facilite reducir considerablemente sus ahorros destinados a garantizar su futuro y el de su familia, para cubrir una necesidad inmediata de la cual ese empleado o trabajador no es responsable? EN REALIDAD, SE LE ESTÁ QUITANDO SU DINERO, AUNQUE EL TRABAJADOR COTIZANTE NO SE DE CUENTA DE INMEDIATO, EL RESULTADO AL FINAL ES QUE A DICHO TRABAJADOR SE LE REDUCIRÁ CONSIDERABLEMENTE SU PENSIÓN, PERJUDICANDO SU AHORRO Y SU FUTURO EN FAVOR DEL CONSUMO IMEDIATO.

La propuesta del proyecto de ley equivale a que el trabajador haga un intercambio, utilizando su propio dinero, que solo favorece al

Estado, evitándole al Gobierno un gasto social que realmente le corresponde como una obligación a favor de los vulnerables. Con la aplicación del proyecto de ley NO ESTAMOS AYUDANDO AL TRABAJADOR, SE LE ESTÁ OBLIGANDO A PERJUDICAR SUS AHORROS, PARA RESOLVER UN PROBLEMA INMEDIATO DEL CUAL NO ES NI SIQUIERA RESPONSABLE. Menudo favor que le estamos haciendo: lo que realmente corresponde es que el Estado le preste la ayuda económica y social que requiere para enfrentar la pandemia, SIN NECESIDAD DE QUE APELE A SUS AHORROS QUE TIENE DESTINADO PARA EL FUTURO DE ÉL Y SU FAMILIA.

Además, el efecto sobre la estructura del Sistema Nacional de Pensiones sería muy perjudicial. Las AFP (78% del total de los Fondos de Pensión existentes en el País) tenían al final del 2019 bajo administración RD$ 556,201,110,121. La aplicación del proyecto de ley del 30%, implica una reducción de los aportes mensuales de aproximadamente RD$166,860,333,036.00, monto muy considerable que retrasaría el crecimiento de una herramienta social indispensable en cualquier sociedad civilizada. De hecho, el

Sistema de Pensiones requiere una reforma para garantizar todo lo contrario: Un gran aumento en cotizaciones, ciertos cambios en los mecanismos de inversión para que los depósitos generen mayores intereses y réditos en favor de los trabajadores, para que puedan acumular un mayor nivel de ahorros y contar con pensiones más altas que le permitan un retiro digno compatible con la situación económica cuando lleguen a su vejez.

Peor aún, el proyecto de ley no cumpliría tampoco con el objetivo del legislador. El 72% de los cotizantes al Sistema de Pensiones (1,394,304 personas) recibe entre 2 uno y dos salarios mínimos mensuales (entre RD$ 13,482 hasta 26,964), y el promedio acumulado por cuenta individual de pensiones era de aproximadamente RD$ 145,000 en Diciembre del 2019. Con esas cifras (Boletines de la Superintendencia de Valores), la devolución de sus ahorros de un 30% significa que cada trabajador cotizante recibiría, como mucho, cerca de UN MES de salario, resultando en una drástica reducción de su pensión futura. ¿Tiene sentido devolver entre RD$ 20,000 a RD$ 30,000 por persona, de los ahorros de los trabajadores, reduciendo su pensión PARA EL RESTO DE SU VI

DA posiblemente en alrededor del mismo porcentaje, a unos RD$ 16,000, de los RD$ 20,968 que actualmente esperan recibir?

Finalmente, el efecto perjudicial sería también contra el Sector Público, porque el grueso (entre un 80 y un 90% dependiendo de la institución específica) de los depósitos de los trabajadores en las AFP han sido invertido en títulos y bonos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, por lo cual se requiere de una liquidación temprana de esos bonos y valores para cumplir con el Proyecto de Ley del 30%. Esto constituiría un golpe brutal contra las finanzas públicas, precisamente en un momento en que el parón económico causado por la pandemia ha restringido enormemente la capacidad financiera del gobierno, ya que han caído estrepitosamente las recaudaciones, y al mismo tiempo han aumentado los gastos que tiene que utilizar para subsidiar las ayudas sociales, los alimentos, y la de salud pública, todos los cuales que se han incrementado considerablemente con la crisis del COVID 19, con el consecuente debilitamiento de la estabilidad macroeconómica.