Matrimonio infantil y uniones tempranas.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que en América Latina y El Caribe el 23% de las niñas y adolescentes se unieron con una pareja antes de cumplir los 18 años y que 5% de las niñas y adolescentes se unieron antes de cumplir los 15 años. El país de la región que ostenta el porcentaje más alto es, lamentablemente, la República dominicana. Factores legales, sociales y culturales inciden en esta lastimosa realidad. Tenemos una legislación permisiva, las mujeres más pobres tienen menor acceso a oportunidades de formación y desarrollo, hay niveles educativos más bajos, pobreza, violencia intrafamiliar y, claro está, la desigualdad de género que permea todos nuestros estratos sociales.
El matrimonio infantil y las uniones tempranas son una condena para nuestras niñas y adolescentes, una sentencia que no admite libertad condicional. Las víctimas, porque así bien podemos llamarlas, tendrán menos acceso a estudios e ingresos, son más propensas a un embarazo a destiempo, están más expuestas al abuso físico o sexual y a la violencia de género, en muchos casos son abandonadas por sus parejas y, debido a su falta de educación, se ven forzadas a la prostitución o expuestas al crimen organizado.
Los hijos fruto del matrimonio infantil y las uniones tempranas también son víctimas de este flagelo. Los recién nacidos tendrán mayores problemas de salud, experimentarán un menor desarrollo cognitivo y el padre se negará muchas veces a declararlo su hijo. Las secuelas son múltiples y, muchas veces, no tienen solución.
Si los legisladores de nuestro país se lo proponen, con tan solo eliminar el matrimonio infantil, estarían aportando grandemente a una mejor República Dominicana, con un impacto enorme en los ODS que plantean el fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y paz, justicia e instituciones sólidas. En el pasado, nuestros legisladores no han tenido suficiente valentía para enfrentar este flagelo. Ojalá que el actual Congreso Nacional asuma esta lucha por todas las niñas y adolescentes dominicanas que se merecen disfrutar de las actividades que le corresponden a su edad, en vez de tener niñas cuidando niños.
El matrimonio infantil y las uniones tempranas son una práctica que ya no debe ser común en nuestros campos y ciudades, debemos dejar de asumirlo como parte de las normas sociales aceptadas. Todo lo contrario, debe convertirse en un problema que cada comunidad esté dispuesta a enfrentar, obligando a los hombres adultos a asumir la responsabilidad que les corresponde, que no es más que evitar cualquier intercambio o contacto con menores de edad, aún sea aceptado o supervisado por sus padres.
La sociedad tiene que denunciar este flagelo en todas sus formas, denunciar al acosador, al padre que vende o la madre que negocia una unión temprana para su hija. La autoridad tiene que actuar en consecuencia, pero para ello, necesita una ley que le respalde. Es hora de que nuestros legisladores pongan fin al matrimonio infantil y las uniones tempranas y nos ahorren la espera de una sentencia del Tribunal Constitucional, aunque a falta de la primera, gracias a Dios, nos quedará la segunda.