El país quiere justicia
La pasada semana el presidente Luis Abinader inició los encuentros con el liderazgo político para procurar un diálogo nacional y un gran consenso en aras de trazar las estrategias que tendremos como país para enfrentar la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias económicas y sociales.
La iniciativa del Presidente Abinader ha sido correcta. En realidad está haciendo lo que Danilo Medina debió hacer desde el inicio de la crisis del Covid-19 el pasado mes de Marzo; a lo que se negó por su prepotencia y arrogancia, guiado por su macabro objetivo de manipular la crisis para sacarle provecho político electoral y así poder perpetuarse en el poder.
A pesar de lo correcto de este paso trascendental dado por el Presidente Abinader, su foto con Danilo Medina y el Comité Político del PLD ha creado un impacto peligroso en la percepción pública de que “aquí no va a pasar nada” y que las graves denuncias de corrupción sobre el gobierno anterior no serán llevadas ante la Procuraduría General de la República, ni se emprenderá una cruzada para recuperar los miles de millones de pesos robados.
Si bien es cierto que hay que reconocer al Presidente Luis Abinader el paso histórico y gigantesco de avance de nombrar a la Magistrada Miriam Germán como Procuradora General de la República, no es menos cierto que sin la activa participación de los funcionarios al descubrir actos de corrupción en las distintas dependencias del Estado, la lucha contra este flagelo será debilitada grandemente.
Para hablar más claro, la víctima del saqueo de miles de millones de pesos es el Estado dominicano. Si el Estado perjudicado no acciona llevando las querellas y constituyéndose en actor civil para recuperar los miles de millones robados y reclamar las indemnizaciones civiles contra los responsables, el mayor anhelo del pueblo de justicia quedará mediatizado.
El caso de la grave denuncia del Director de Presupuesto José Rijo Presbot es un ejemplo de lo que sostengo en este artículo: 21,000 millones de pesos pagados irregularmente en la transición sólo en OISOE y MOPC, sin soportes y sin haber sido autorizados previamente por la Contraloría y Tesorería es un hecho espantoso y gravísimo, que constituye en sí crímenes y delitos.
A pesar de que esa denuncia tiene más de diez días y que el propio Director de Presupuesto ha dicho públicamente que constituye ilícito penal grave, su denuncia no ha llegado aún al Ministerio Público, como es su obligación, al tenor de los Artículos 263 y 264 del CPP.
El Director de Presupuesto en un programa con Huchi Lora dijo que no había ido al Ministerio Público porque estaba en la espera de una opinión del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.
El país tiene mucha fe en que el Consultor Jurídico no impida o dilate que la investigación penal de rigor llegue al Ministerio Público, como lo planteara de manera responsable el Licenciado Rijo Prestbot y como ha decidido y anunciado igualmente el Director de Compras y Contrataciones con respecto al escandaloso expediente de los 11,500 millones del Asfalto en Obras Públicas.
El pueblo quiere justicia y fue uno de sus motivos fundamentales para la elección del Presidente Luis Abinader.