Más masacres, tras el acuerdo de paz
Eran jóvenes veinteañeros, en una fiesta después de meses de cuarentena relacionada con la pandemia.
Luego sonaron los disparos y poco después ocho de ellos habían muerto.
“La paz fue nuestro sueño”, dijo Jesús Quintero, cuyo hijo John Sebastian murió, después de que unos pistoleros abrieron fuego en Samaniego, una pequeña comunidad montañosa, atrapada entre grupos criminales en guerra. “Pero nada ha cambiado”.
Cuatro años después de poner fin a la guerra de más larga duración en América, con un acuerdo histórico de paz, Colombia atraviesa un aumento de violencia masiva preocupante.
La Organización de las Naciones Unidas ha documentado, al menos, 33 masacres este año, un aumento en comparación con las 11 de todo 2017, el año en que se firmó el acuerdo, y al menos otra decena más, desde que la ONU dio a conocer su registro más reciente, a mediados de agosto.
El acuerdo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o las FARC, puso fin a cinco décadas de guerra, que dejó miles de muertos y desplazó a unos 6 millones de personas.
“Este momento es muy, muy peligroso”, afirmó Elizabeth Dickinson, una analista para el International Crisis Group en Colombia. “La historia en Colombia es que cuando se inicia una ola de violencia, se acelera y es muy difícil de detener”.
En Bogotá, la capital, recientemente han estallado protestas violentas, luego de que un hombre sometido por la policía murió, después de que los agentes le aplicaron choques repetidos con una pistola paralizante.
El video reunió a miles en protestas que dejaron, al menos, 10 muertos y cientos de heridos. La causa de esas muertes es motivo de una investigación.
Los ataques en el campo son considerados, en gran parte, un resultado desagradable del acuerdo de paz. Tras el acuerdo, miles de combatientes depusieron las armas y aceptaron testificar ante un tribunal, a cambio de la ayuda del gobierno. Pero al retirarse las FARC de las grandes zonas del país, otros grupos ocuparon su lugar.
Ahora, estos grupos luchan por el territorio, en un esfuerzo por controlar el cultivo de la coca, que se usa para elaborar cocaína, las rutas de la droga, la minería ilegal y el tráfico humano. También se pelean el derecho a extorsionar a los ciudadanos de a pie.
El ritmo de los asesinatos se ha acelerado recientemente, con una masacre cada dos días, según el grupo Indepaz, que lleva un registro de los asesinatos.
En Colombia, las masacres durante mucho tiempo han sido una medida de represalia para castigar a las personas por trabajar o aparentar trabajar con un rival o como una herramienta de intimidación para mantener a raya, a ciudades o pueblos enteros.
Samaniego, donde fue asesinado John Sebastian, de 24 años, estudiante universitario y aspirante a ingeniero, se ubica en una región, donde se cultiva la coca controlada por un grupo guerrillero llamado ELN, según el gobierno.
Un ala de desertores de las FARC ha intentado hacerse con el poder en la región. Pero el gobierno sospecha que una pandilla de poca monta, los Cuyes, trabajando con permiso del ELN, fue la responsable del ataque en Samaniego.
Al parecer, los Cuyes habían instaurado un toque de queda para facilitar sus operaciones delictivas y es posible que se hayan molestado por haber sido desobedecidos, relató Miguel Ceballos, el alto comisionado para la paz del país.
El gobierno del presidente Iván Duque se oponía al acuerdo de paz, llamándolo muy indulgente con las FARC, y ha condenado la serie de masacres, al mismo tiempo que ha minimizado el aumento reciente.
Sin embargo, los detractores de Duque lo han acusado de no haber financiado completamente muchos de los programas incluidos en el acuerdo, que estaban destinados a abordar los problemas económicos y de seguridad que mantienen a los grupos criminales en el negocio.
Por ejemplo, muchos cocaleros esperaban unirse a un programa de sustitución, que les ayudara a pasar de la coca a los cultivos legales. Pero solo se ha incluido en el programa a un número limitado de familias.
Ceballos calificó las críticas de injustas, y citó el terreno montañoso del país, el voraz apetito mundial por la cocaína y la naturaleza resbaladiza de los grupos criminales, como los principales desafíos.
Pero Wilder Acosta, líder de una asociación de cocaleros cerca de la frontera con Venezuela, se mostró impaciente. “Cada día se agudiza más el conflicto”, expresó.
Las FARC depusieron las armas, pero otros ocuparon su lugar.