Tenemos portones, pero no frontera.

La única imagen que nos conecta con el concepto de frontera son los portones para el control del cruce de personas y mercancías, predominantemente de forma ilegal, a lo largo de la línea divisoria que nos separa de Haití.

Esa línea física divisoria sólo existe en unos mapas antiguos, pero no en la realidad porque, con el tiempo, sus marcas han quedado desdibujadas e indefinidas.

Fuera de los puestos militares o de Migración, el trasiego mayor de indocumentados y contrabandos se produce a lo largo de una franja evidentemente no controlada ni sellada del todo por la autoridad dominicana. Por esos puntos ciegos se han filtrado millares de haitianos que, sin documentos y muchos de ellos sin permisos temporales de trabajo, han establecido residencia en nuestro territorio, sin mayores inconvenientes.

En medio de la pandemia, centenares de ellos volvieron voluntariamente a Haití y, casi por una razón de humanidad, no ha habido deportaciones en ese período, como ha admitido el director de Migración.

Ahora, en cambio, hay evidentes y abundantes pruebas de una migración ilegal mucho mayor, coincidiendo con la situación de inestabilidad política en Haití, donde hasta los policías se enfrentan entre sí y el Gobierno vive bajo el asedio de una oposición también violenta y levantisca. El presidente Luis Abinader , que proclamó que ningún haitiano puede entrar ni residir ilegalmente en el país, está compelido a asegurar que su orden se cumpla, sobre todo en estos tiempos en que la crisis del coronavirus y las secuelas de quiebra en la economía, limitan los recursos destinados a la protección y la supervivencia económica de los dominicanos.

No puede permitir que nadie ni ninguna circunstancia juegue con las leyes y la soberanía del país, mucho menos que una irrupción ilegal e incontenible de haitianos agrave el estrecho margen de maniobras que tiene su gobierno para salvar a los dominicanos de la presente crisis sanitaria y socioeconómica, jamás vista en las últimas décadas.