Ley de estímulo a la inversión, desarrollo e innovación
En el Siglo XXI, conocido como la “Era del Conocimiento”, el factor principal de producción es la investigación y la innovación, ejes determinantes en el proceso de crecimiento económico global. Elaborar normas que establezcan políticas de incentivos al desarrollo de la industria tecnológica es esencial para fomentar la innovación, la competitividad y la generación de empleos de alto valor agregado, así como la atracción de inversiones hacia sectores que aporten mayor nivel de escalamiento en la cadena de valor de los productos.
El desarrollo tecnológico y la innovación impulsan de forma exponencial la producción y la productividad. De ahí que los países que han establecido incentivos al desarrollo de la industria tecnológica e innovadora, han logrado un mayor nivel de desarrollo. Israel es un buen ejemplo, al igual que una parte importante de los países asiáticos.
Si bien es cierto que en los últimos 24 años el tamaño de la economía dominicana se ha multiplicado casi por cinco, lo cierto es que no es suficiente. Es necesario incrementar significativamente la inversión en investigación y desarrollo (I+D), donde solo se invierte el 0.06% del Producto Interno Bruto (PIB) -52 millones de pesos anual-, el más bajo de la región. La meta fijada en el 2018 por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y tecnología, en su Plan de Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, es que la inversión en investigación y desarrollo (I+D) alcance al menos un 0.5% del producto interno bruto, equivalente a 500 millones de pesos al año.
El progreso económico de la República Dominicana debe estar encaminado a un cambio de estrategia en el modelo de desarrollo, focalizado en el fomento de un sistema de conocimientos y capacidades adaptado a las nuevas tendencias globales, que implique la aplicación del conocimiento como la nueva fuente de creación de valor y riquezas.
En el año 2007, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Núm. 190-07 de fecha 03 de abril de 2007, que crea el Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico, con la finalidad de articular una red de instituciones (académicas, públicas, privadas e internacionales), conjuntamente con políticas públicas que incentiven la innovación y el desarrollo tecnológico.
Hasta la fecha no se había elaborado una norma que regulara estos centros de innovación. De ahí la necesidad de cumplir con el mandato del artículo 63.9 de la Constitución Dominicana y el artículo 31.1 de la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que ordenan la elaboración de esta norma.
Cumpliendo con estas disposiciones constitucionales y legales, elaboramos y sometimos al Senado de la República el “Proyecto de Ley de Estímulo a la Inversión, Desarrollo e Innovación Tecnológico en la República Dominicana”. Tiene como objeto fomentar la inversión en procesos y actividades tecnológicas e innovadoras, principalmente en las áreas de producción, distribución, desarrollo e investigación, así como la creación de nuevos empleos de alto valor agregado; el incremento de la diversificación de la oferta exportable en la industria tecnológica; la especialización de la mano de obra y el incentivo al crecimiento de industrias basadas en el conocimiento. De esta manera, se podrá establecer una estrategia de innovación y desarrollo tecnológicos que estructuren la plataforma de inserción de la Nación en la era del conocimiento.
Como puntos importantes a destacar en el proyecto presentado al Senado, se propone la conformación de un Consejo de Desarrollo Tecnológico y de Innovación, como entidad reguladora de los Corredores Tecnológicos; la regulación normativa de formación de los parques tecnológicos; el establecimiento un conjunto de exenciones que fomenten la inversión nacional y extranjera en parques tecnológicos, garantizando siempre la sostenibilidad ambiental.
Con la aprobación de esta iniciativa, se incrementarán las inversiones en el país; la transferencia de conocimientos técnicos y tecnológicos; la generación de empleos mejor remunerados y la inversión en infraestructura por parte de empresas afiliadas nacionales o internacionales.
Aprobar esta iniciativa es una responsabilidad del Congreso. Implementarla, una obligación del Estado. Si cada uno cumple con su rol, lograremos una sociedad más desarrollada, justa, próspera y solidaria.