Más allá de la recuperación

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha dado inicio a su acostumbrado Foro Ministerial de Desarrollo Social, que se realiza cada dos años reuniendo a las mentes más brillantes en materia de políticas de protección y asistencia social, para discutir las perspectivas de América Latina y El Caribe en esta materia. En el contexto actual de una pandemia global, el cónclave tendrá especial relevancia, por tratarse de un punto de inflexión que requiere un debate profundo y de calidad, sobre el rol del Estado en el combate a “la desigualdad social, los contratos sociales fragmentados, la baja productividad y crecimiento, poca confianza en las instituciones públicas y debilidad fiscal”. En el volumen editado por Luis Felipe López-Calva, Director Regional del PNUD para América Latina y El Caribe,

con el apoyo de Marcela Meléndez, se concentran un conjunto de ensayos muy interesantes que contemplan ideas para la acción en políticas públicas, con el propósito de enfrentar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Es un documento de lectura obligatoria para los que inciden en las políticas públicas, con la conciencia de que el COVID-19 ha desnudado muchas de las fragilidades preexistentes en los países de la región, especialmente en lo relativo al sistema de salud.

El gran reto para los países que conforman la región es adecuar con rapidez los elementos más críticos que inciden en la crisis, mientras se dedican tiempo, esfuerzo y recursos a mitigar los efectos a mediano y largo plazo, especialmente en materia económica. En la medida en que aprendamos más de la pandemia, mejor preparados estaremos para crisis futuras, de todas las índoles. Los retos por abordar desde el punto de vista de las políticas públicas son amplios. Independientemente de las perspectivas de la vacunación de la población, hay que invertir en tecnología para agilizar la toma de muestras y asegurar el aislamiento social de los infectados, por igual, identificar los cambios necesarios en la política económica, que permitan proteger la mayor cantidad de empleos formales posibles y preservar la estabilidad macroeconómica. Tal y como lo plantea Santiago Levy: “los despidos y cierres de las empresas deben evitarse subsidiando los costos de nómina de las empresas y dándoles acceso preferencial a garantías crediticias, condicionadas a no despedir trabajadores”. Una de las preocupaciones que más deben llamar a nuestra atención es el acceso limitado de los países de la región a facilidades de financiamiento, tomando en cuenta que casi todos los países latinoamericanos tienen limitaciones para la emisión de deuda pública que permita financiar la reactivación económica. América Latina

y El Caribe, como región, necesita llevar una posición unificada y de consenso sobre las necesidades de financiamiento, para que en el marco de los escenarios que componen a las Naciones Unidas, se puedan solicitar medidas que alivien y faciliten la ejecución presupuestaria de los Gobiernos de la región. En ese sentido, José Antonio Ocampo propone un enfoque que permita “apoyar a los países que necesitan una reestructuración y crear un mecanismo multilateral voluntario de supervisión para la suspensión de la deuda de los países que lo requieran”. El planteamiento del PNUD es esencial en este momento de la pandemia, en que enfrentamos una segunda ola, con una ciudadanía impactada económicamente y que muestra mucho cansancio en el cumplimiento de las medidas que buscan salvaguardar la salud. Para ir más allá de la recuperación, debemos trabajar como una región solidaria.