¿Quién pagará las cuentas?
Al igual que muchos países del mundo, la República Dominicana está afrontando una severa crisis multidimensional en los ámbitos sanitario, económico, laboral y fiscal, que no puede dejar indiferente a nadie.
El desplome de la actividad económica del 6% en el 2020, propiciada por la irrupción del COVID-19, ha generado un enorme estrés a las cuentas públicas, que ha tenido serias repercusiones en las finanzas del Estado dominicano.
Al cierre del 2020, el déficit fiscal se ubicó en 7.7% del Producto Interno Bruto (PIB), versus el presupuestado que era de 9.3 %, que en términos absolutos significa una reducción de 77 mil millones de pesos. Estos niveles no tienen precedentes en la República Dominicana.
El menor déficit fiscal se explica por el subejercicio del presupuesto del 2020, que le costó al país cerca de
RD$1,400 millones de pesos por el pago de interese, debido a que, como se recordará, a partir de agosto, el gasto público se financió utilizando los empréstitos otorgados al gobierno por los organismos internacionales.
La caída de los ingresos del Estado en más de un punto del PIB, aunada a las ayudas sociales entregadas por el gobierno a una parte de la población, y al sector productivo para hacerle frente a la crisis sanitaria, alcanzó en 2020 una cifra superior al 2% del PIB.
En una fase aún incierta del curso de la Pandemia del covid-19, continúa abierto el debate: ¿Es el momento para acordar un Pacto Fiscal que favorezca la salida de la crisis y permita retomar la senda del crecimiento económico y el desarrollo social? Recordemos que la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) señala la necesidad de consensuar un Pacto Fiscal previo a la entrada en vigor de una reforma fiscal integral, que contribuya a financiar el desarrollo y a garantizar la sostenibilidad fiscal de largo plazo.
Esta reforma fiscal integral debería sustentarse en criterios de progresividad y transparencia tributaria, y en el marco de una ley que permita fomentar políticas productivas y normas para garantizar su cumplimiento. Debiera orientarse a mejorar la calidad del gasto público, incrementar la recaudación y a reducir la evasión y la elusión fiscal, así como el denominado gasto tributario que se asocia con los impuestos que el gobierno deja de percibir, por un monto que ronda los RD$250,000 millones cada año, equivalente al6%delPIB.
En la República Dominicana se han aplicado diversas reformas que se tradujeron en nuevos tributos, así como incrementos de las tasas impositivas. En 1992, se eliminaron algunas exoneraciones e incentivos, en tanto que, en el 2005, se promulgó la Ley 55705, con el propósito de incrementar la recaudación. Como se recordará, en 2007 se concedió amnistía fiscal a algunos contribuyentes mediante la Ley 183-07, y en 2011 se publicó la Ley 139-11, que incluyó un régimen simplificado para el pago del Impuesto a la Renta a los casinos con la finalidad de financiar el gasto en educación. Finalmente, en el 2012 se aprobó la Ley 25312 que tuvo como objetivo aumentar la presión tributaria y recaudar más ingresos.
La irrupción del COVID-19 propició el aumento del gasto público, aunado a la baja presión tributaria -relación entre los ingresos recabados por impuestos y el Producto Interno Bruto (PIB)- que se ubica entre el 12 y 13%del PIB (en América Latina promedia entre 18 y 21%), así como a la caída de los ingresos corrientes durante los primeros nueve meses del 2020, por un monto de RD$48,716.2 millones.