Someten pruebas contra comerciantes
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó ayer que depositó ante la Procuraduría General de la República los documentos relacionados con el cierre de 14 negocios que comercializaban bebidas alcohólicas adulteradas para que se inicie el proceso judicial en contra de los propietarios de estos establecimientos.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, dijo que la sociedad espera que estos procesos judiciales en contra de los actores responsables de esta práctica “criminal”, en la que han muerto decenas de personas en las últimas semanas, terminen en condenas por el daño que les ha hecho a la sociedad”, dijo.
Alcántara explicó que se depositaron los documentos que tienen que ver con el cierre de doce colmados y dos fábricas clandestinas que se dedicaban a comercializar bebidas alcohólicas adulteradas.
“En representación de los consumidores afectados y ante la inconducta de los comerciantes, solicitamos a la Procuraduría General de la República, que los mismos sean procesados y cualquier otra persona que en el curso de la investigación resulte vinculada, para que les sean impuestas las sanciones correspondientes”, indicó el funcionario, quien agresó que Pro Consumidor está facultado para representar los intereses de la población consumidora ante toda clase de autoridad u organismo público o privado.