Aprueban el Código Penal sin las causales
La Cámara de Diputados aprobó ayer en segunda lectura el proyecto de Ley del Código Penal de la República Dominicana, manteniendo la misma redacción en torno a las tres causales y agregando modificaciones respecto a otros temas como la corrupción.
Luego de haber sido leído y debatido el nuevo informe de la comisión permanente de Justicia, el proyecto de ley fue favorecido con 128 votos a favor y 13 en contra, por lo que pasará al Senado de la República.
En el informe rendido por la comisión que preside el diputado Alexis Jiménez, luego de ser aprobado en primera lectura, contiene una serie de modificaciones que fueron discutidas antes de ser conocidas en la segunda lectura.
La Cámara de Diputados aprobó ayer en segunda lectura el proyecto de Ley del Código Penal de la República Dominicana, manteniendo la misma redacción en torno a las tres causales y agregando modificaciones respecto a otros temas como la corrupción.
Luego de haber sido leído y debatido el nuevo informe de la comisión permanente de Justicia, el proyecto de ley fue favorecido con 128 votos a favor y 13 en contra, por lo que pasará al Senado de la República.
En el informe rendido por la comisión que preside el diputado Alexis Jiménez, luego de ser aprobado en primera lectura, contiene una serie de modificaciones que fueron discutidas antes de ser conocidas en la segunda lectura.
Entre las modificaciones figuran la adulteración o falsificación de medicamentos, alimentos y bebidas, sanciones a agentes policiales o militares y la corrupción. Se establece, además, que quienes fabriquen, expendan o despachen medicamentos,
DIPUTADOS
El aborto.
A pesar de tener modificaciones, el proyecto del Código Penal mantiene la penalización a la mujer, pero se disminuyen las penas a médicos, otro personal de salud o parteras por causar la interrupción del embarazo y la eximente, que permite el aborto.
bebidas o alimentos adulterados, falsificados o que contengan sustancias nocivas a la salud, serán sancionados con cuatro a diez años de prisión mayor, multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público, con el cierre de su establecimiento comercial, fábrica o almacén; y el decomiso de los bienes.