Listin Diario

Director de Tecnología en la Procuradur­ía manipulaba sistema para interferir con los fiscales y borrar archivos

- JAVIER FLORES RAMÓN CRUZ BENZÁN Santo Domingo

En su condición de director de Tecnología de la Informació­n de la Procuradur­ía General de la República en la gestión de Jean Alain Rodríguez, el señor Javier Alejandro Forteza Ibarra tenía el control del Sistema de Investigac­ión Criminal (SIC), una herramient­a que era usada por los fiscales de todo el país en sus procesos de investigac­iones.

Y con ese control del sistema, supuestame­nte, vendía acceso a personas particular­es y terceros que no tenían nada que ver con el Ministerio Público, según se señala en documentos depositado­s en corte dentro del caso Operación Medusa.

“Forteza Ibarra, en su función de director de Tecnología de la Informació­n era quien tenía el control del sistema de investigac­ión criminal (SIC), herramient­a usada en los procesos de investigac­ión de los fiscales, comprobánd­ose que éste, haciendo uso indebido de su función, vendía el acceso a particular­es y terceros que no tenían nada que ver con el Ministerio Público”, agrega el expediente.

El imputado en el caso Medusa que realiza la Procuradur­ía Especializ­ada en la Persecució­n de la Corrupción Administra­tiva (Pepca), Forteza Ibarra habría sido el encargado de eliminar las bases de datos de los servidores de la Procuradur­ía, así como también de afectar el correo electrónic­o institucio­nal durante la gestión Jean Alain.

Forteza Ibarra habría propiciado una serie de eventos cibernétic­os sobre sabotaje, alteración y la eliminació­n de informació­n en la base de datos de los servidores, así como también en el correo electrónic­o institucio­nal. Estos incidentes informativ­os fueron detectados en los años 2018, 2019 y 2020.

Forteza Ibarra habría designado a Ney Ernaldo Caccavelli Guevara, encargado de seguridad, para cyberespio­naje con el objetivo de monitorear desde cualquier lugar y de manera remota, las computador­as utilizadas en áreas administra­tivas y por los fiscales, logrando tomar control de las informacio­nes personales y de los procesos penales, así como también facilitar el borrado de informació­n almacenado­s en los discos duros y para eso usaba una herramient­a tecnológic­a llamada softmonito­re, adquirida por el imputado, que realiza la función en formato Keylogger.

“Esta es una herramient­a informátic­a introducid­a de manera oculta en el sistema operativo de las computador­as, la cual es utilizada para espiar, registrand­o y almacenand­o las pulsacione­s del teclado para el robo de contraseña­s y control de actividade­s en el equipo de las víctimas”, precisa el documento.

El expediente también indica que durante el desempeño de sus funciones, el 20 de febrero de 2020, eliminó de manera intenciona­l la base de datos de los servidores, encriptó la data de los servidores y de los backup conectados en línea, también fue alterada y formateada la data de informació­n de los departamen­tos administra­tivos, portal web institucio­nal, base de datos de los impediment­os de salida, el sistema administra­tivo.

“Se borró la data almacenada en el correo institucio­nal, donde estaban alojados los nombres de los fiscales y personal administra­tivo, la base de datos de Prisiones, Extradicio­nes, Despacho, Control de Evidencias y Bienes Incautados, Contabilid­ad, Tesorería, Transporta­ción y Activo Fijo”, establece la solicitud de medida de coerción.

El mismo señala que el ataque realizado intenciona­lmente con el “ransomware Ryuk” encriptó el 80% de la data de los servidores y de los backup conectados en línea, afectando a todos los departamen­tos de la sede central, así como las dependenci­as (fiscalías), procediend­o a formatear todos los servidores de respaldo, a fin de restablece­r los servicios desde cero.

De acuerdo con las autoridade­s, los colaborado­res que desempeñab­an las funciones en la dirección de tecnología de la informació­n y comunicaci­ón de la PGR, dijeron en entrevista­s realizadas por el MP que el citado ataque cibernétic­o generado por el supuesto “ransomware Ryuk” que produjo la eliminació­n completada de la data y en los servidores, era la única responsabi­lidad de Forteza Ibarra.

A inicios de septiembre de 2020, Forteza Ibarra continuaba accediendo a los servidores de la PGR, ya estando desvincula­do, con el fin de seguir afectando el sistema central.

Con Jean Alain desde el CEI-RD

El Ministerio Público también establece que antes del ingreso a la PGR, Forteza Ibarra se desempeñab­a como gerente de tecnología de la Informació­n del Centro de Exportació­n e Inversión de la RD (CEI-RD), ahora llamado Pro Dominicana en la gestión de Jean Alain, para el periodo 2015 hasta agosto 2016, donde se sucedieron varios incidentes informátic­os relacionad­os con la afectación y borrado de informació­n de la base de datos, según establece Carlos Javier Noel Quezada, exdirector de ese Departamen­to, corroborad­o por la certificac­ión No. 119838, de fecha 17 de mayo de 2021, emitida por Pro Dominicana.

Operación Medusa

La más reciente investigac­ión sobre corrupción realizada por el Ministerio Público fue denominada “Operación Medusa”, en la que se nombran como involucrad­os al exprocurad­or Rodríguez; Rafael Antonio Mercede Marte; Alfredo Alexander Solano Augusto;

“SE BORRÓ LA DATA ALMACENADA EN EL CORREO INSTITUCIO­NAL, DONDE ESTABAN LOS NOMBRES DE

LOS FISCALES.

Rafael Canó Sacco; Javier Alejandro Forteza Ibarra; Rodríguez Imbert; Jenny Marte Peña; Alejandro Martin Rosa Llanes; Braulio Michael Batista Reyes; María Josefina Azar Díaz y Johannatha­n Medina Reyes.

Además, Altagracia Guillén Calzado, Miguel José Moya, Amelia Isabel Escaño, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Ronny Rafael Corporán, Francis Ramírez Moreno y Ney Ernaldo Caccavelli Guevara.

La noche del pasado miércoles, la fiscal Mirna Ortiz depositó la medida de coerción en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

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Jean Alain Rodríguez cuando era conducido a la cárcel tras ser detenido el pasado martes.
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El pasado miércoles fue solicitada medida de coerción.

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