PGR DEVELA MAQUINARIA PARA EL ESPIONAJE
JEAN ALAIN RODRÍGUEZ EN EL EXPEDIENTE DE LA OPERACIÓN MEDUSA
El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, habría adquirido equipos especiales de contraespionaje, de forma irregular y con el supuesto fin de ser utilizados en labores de investigación de los fiscales, pero serían utilizados en una de sus residencias vacacionales.
Se trata de un dispositivo bloqueador de señal tipo mochila y un equipo antidron, comprado por la suma de 3.9 millones de pesos a la compañía Aldelay Groupe.
La compra de esos equipos fue efectuada el 27 de julio a instancias de Vilmi Durán, la asistente del exprocurador, supuestamente para ser utilizados en labores de investigación cuando así las fiscalías lo requirieran.
El entonces director de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Javier Alejandro Forteza lbarra, fue quien, según la solicitud de medida de coerción presentada por el ministerio público, recibió el equipo.
Posteriormente, Forteza Ibarra emitió una certificación el 14 de agosto de 2020, afirmando que este equipo se lo había entregado al despacho del procurador dos días antes.
Los fiscales dicen que comprobaron en una entrevista realizada al procurador fiscal de Independencia, Soni Adriano Rosario José, que Jean Alain Rodríguez, en una reunión en su despacho, le pidió un favor: que firmara una comunicación donde indicaba que había recibido un antidron para su fiscalía, con la excusa de usarlo en la frontera.
Sin embargo, el supuesto verdadero fin del aparato era ser usado en una de sus casas para “contrarrestar espionaje ilegal”.
A finales de agosto de 2020, el procurador fis
cal de Independencia recibió una llamada de la asistente del procurador, quien le pidió una comunicación devolviendo el dispositivo a la PGR.
Fue entonces que el 2 de septiembre de 2020, Soni A. Rosario envía con la misiva solicitada a Emil Andrés Álvarez, quien aparece en la nómina de personal contratado por la PGR correspondiente a abril de 2020 como soporte técnico de la fiscalía de Independencia.
Según expone el documento depositado por el Ministerio Público el pasado miércoles, Álvarez se reunió con un militar al que le entregó una caja donde estaba el dispositivo, para que lo devolviera a la institución.
En la solicitud de allanamiento presentada por los fiscales ante la jueza Kenya Romero, se expresa que no se ha encontrado ningún registro oficial de esta supuesta entrega y mucho menos los equipos de forma física en ninguna dependencia del Ministerio Público, tampoco en el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, quienes gestionaron la compra.
Estas informaciones fueron recabadas a raíz de un proceso de inventario realizado desde el 16 de agosto de 2020, por la gestión de la procuradora General Miriam Germán Brito.
Al profundizar en las investigaciones, las autoridades aseguran en la solicitud de medida de coerción haber comprobado que el dron fue adquirido de manera fraudulenta como activo fijo de la PGR para ser usado en una villa vacacional en Casa de Campo, propiedad del exprocurador Rodríguez.
Pero en julio de 2020 no fue la primera vez que se adquiriera uno de estos dispositivos. En 2018 también se compró un equipo similar para el bloqueo de señal en una de las cárceles del nuevo modelo, recibido también por Forteza Ibarra.
Según consta en certificación de la Directora del
Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda Patricia Lagombra, las penitenciarías y cárceles del país no cuentan con bloqueadores de señal.
Comando de Campaña en la sede de la Procuraduría
Una especia de comando de campaña para vender y mantener en primer plano la figura del exprocurador Jean Alain Rodríguez y un depósito de compras de suministros para actividades políticas eran algunos de los propósitos para lo que se utilizaban las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) durante los pasados cuatro años de su gestión.
Así lo establecen los fiscales en las acusaciones contra Rodríguez, quien desde el pasado martes está a espera de que se le conozca medida de coerción tras estallar la “Operación Medusa”.
De acuerdo con el MP, se tiene confirmación de que en la sede de la institución, en la cuarta planta, bajo el nombre de Dirección de Coordinación Institucional laboraba un personal cuya función real era únicamente realizar trabajos políticos partidistas para el entonces procurador.
Los empleados contratados en el departamento realizaban trabajos desde los pueblos en favor de la imagen de Rodríguez y para ello, según el Ministerio Público, se les asignaron flotas y minutos pagados con los fondos de la PGR, dándole uso contrario a lo regulado en las normativas de la ley orgánica del MP.
Como parte de los colaboradores del entramado figuran Daniel Santos de la Cruz, pasado candidato a diputado por Santiago en las elecciones, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y beneficiario de un sueldo de 75,000 pesos como coordinador por ante el despacho del PGR; y Altagracia Guillén Calzado, que ingresó a la Procuraduría como coordinadora de la dirección administrativa y financiera con un salario de RD$85,000 y, según testigos, también era miembro activo del Movimiento Político Renovación y fungía como enlace político ante el despacho del procurador.
El expediente señala a Waleska de Dios de Cabral, Joel Santos Genao, Raymel Santana Sanó, Amel A. Richardson Ferrand, Robinson Espino Florentino, Sandel Hilari Feliz Lorenzo, Alan Soriano Luciano, Magnolia Cuello Figueroa y Manuel A. Méndez Jiménez como enlaces pero cuya labor era de activistas para el movimiento político Renovación 2020, en las diferentes provincias del país. Un depósito en la PGR El Ministerio Público sostiene que hasta el área de estacionamiento soterrado de la Procuraduría sirvió como depósito de las compras de bebidas alcohólicas, provenientes de Villa
Consuelo, que posteriormente eran reenvasadas en botellas plásticas para ser distribuidos en las actividades realizadas por el movimiento político.
Asimismo, explican que para los mismos fines se preparaban sobres con RD$400 cada uno, y que estos eran entregados en la oficina del imputado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, o en la sede principal de Renovación 2020, ubicada en la avenida Winston Churchill.
Además, el MP señala que el grupo político era el destino final de fondos desviados, traslados de suministros, uso abusivo de insumos diarios, incluyendo detergentes, materiales gastables, agua, café, sillas, mesas plegables y tanques refrigerantes, en lugar de las dependencias o unidades operativas de la PGR.
Este tipo de casos, de acuerdo con el documento, fue identificado en la Fiscalía de Uvilla, donde personas sin relación con la entidad y que tampoco correspondían al departamento específico para las funciones, recibían los insumos y firmaba sin cédula.
Los desvíos de dinero guardan estrecha relación con los procesos electorales internos de octubre 2019 y que se extendieron hasta las elecciones generales de 2020, donde el Ministerio Público verificó que en ese periodo se efectuaron los mayores incrementos y entregas habituales.