JCE debe apostar al consenso sin dejar de aplicar la ley
La concertación con los partidos políticos que ha mantenido la Junta Central Electoral (JCE) al momento de dictar normativas sobre la materia de sus competencias constitucionales y legales, ha sido favorable.
Un diálogo entre los actores del sistema político y el órgano rector de los procesos electorales, contribuye a que impere un clima distendido, sin conflictos innecesarios al menos en esta etapa previa a la campaña electoral.
Ojalá perdure hasta las elecciones del 2024, y sobre todo, después de la emisión de los resultados, pues contribuirá a la consolidación de la democracia y la institucionalidad.
Siempre es conveniente que haya una relación armónica entre la JCE y los actores políticos, tanto autoridades de los partidos como los candidatos.
Se ha visto a los miembros del Pleno de la JCE dispuestos a escuchar y a consensuar.
Ahora bien, esta actitud hacia la concertación no evita que la Junta adopte las medidas que entienda necesarias para regular el proceso electoral, en base a las facultades que le confiere la constitución, la ley electoral, y la de partidos políticos, ni que las organizaciones políticas dejen de hacer los reclamos y reparos que consideren.
Porque cuando los ánimos se exacerben, como suele ocurrir en el climax de los procesos electorales, la JCE deberá tener la suficiente determinación y carácter, para llamar la atención, reprochar, amonestar o sancionar, de modo que partidos y candidatos ajusten sus actuaciones a la legalidad.
La JCE no debe permitir que los partidos se le impongan, aunque debe escuchar sus propuestas. La experiencia electoral ha demostrado que a los partidos no les gusta que los controlen, ni que le tracen reglas. Pero para el bien de la democracia, de la institucionalidad y de la integridad de las elecciones, no pueden entorpecer la aplicación de las medidas que dicte el órgano electoral. En las dos décadas de experiencia electoral, he observado que para las organizaciones políticas, las medidas son buenas o malas dependiendo de la posición coyuntural, de si están en la oposición o en el gobierno, o en función de quienes integran el ente que organiza los comicios.