Germán considera ley debe clarificar rol en política criminal
Dijo que la ley tiene que deslindarse de las políticas de prevención o de seguridad ciudadana.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, consideró que en la ley que crea el Ministerio de Justicia es vital clarificar la competencia constitucional del ministerio público, como órgano que dirige la política criminal del Estado.
Germán Brito, en un acto de rendición de cuentas del 2022, manifestó que la ley tiene que deslindarse de las políticas de prevención o de seguridad ciudadana, que son propias de entes del Poder Ejecutivo.
Durante el acto realizado en el Auditorio Manuel del Cabral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la procuradora consideró necesario mantener dentro del Consejo Directivo al Procurador General de la República y al director de la Defensa Pública. Dijo que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que pasaría a adscribirse al Ministerio de Justicia como organismo autónomo y descentralizado, está llamado a servir de principal soporte a la investigación forense.
Críticas
Por otro lado, Germán Brito
sostuvo que pese a las críticas que recibe la entidad que dirige, no han caído en el populismo a la hora de presentar procesos judiciales, además de que la justicia “tiene sus reglas y sus tiempos”.
“Si bien somos un cuerpo expuesto al constante escrutinio público y a la crítica de muchos sectores, hemos sabido mantener y defender la objetividad en los procesos promovidos, sin sucumbir al populismo o a la inmediatez”, enfatizó. “Lo anterior tiene un valor que debe ser resaltado. Sobre todo, en estos momentos. Debe entenderse que la justicia tiene sus reglas y sus tiempos”, acotó, al señalar la meta que se propusieron, de impulsar una gestión operativa y administrativa más ágil y efectiva, que al mismo tiempo garantice el debido proceso, “va siendo alcanzada”.
Germán Brito aprovechó el escenario para externar
su preocupación por la violencia ciudadana en el país, ya que los indicadores reflejan una alta tasa de conflictividad social, vinculada al uso de armas de fuego, que está causando dolor y sufrimiento a las familias dominicanas. Manifestó que es obvio que el abordaje de esta conflictividad no puede
realizarse desde la procuración de justicia penal, pues reacciona al hecho ya ocurrido, “pero sí debemos darles a las víctimas una respuesta pronta y de calidad”.
Resaltó que la violencia lacera como sociedad, y crea trabas para el desarrollo colectivo.