Venezuela: entre democracia y dictadura
El pasado 26 de enero, el gobierno de Nicolás Maduro puso otro clavo más al ataúd de la democracia venezolana, cuando el Tribunal Supremo de Justicia –bajo su control– inhabilitó electoralmente por 15 años a María Corina Machado, imposibilitando su participación en las elecciones presidenciales de este año, así como la de Enrique Capriles. De esa forma, la dictadura chavista recurrió a la vía judicial para limpiar de obstáculos su permanencia en el poder en las próximas elecciones, violando el Acuerdo de Barbados. Lleva razón Maduro en tener miedo, pues habría enfrentado a una oposición unida. Y es que mientras los partidos opositores actuaron divididos, la posibilidad de meter cuña siempre estuvo vigente. Machado ganó las primarias opositoras en octubre y estaba liderando las encuestas, así que el dictador venezolano decidió rehuir el combate, inhabilitándola.
A estas alturas, uno no sabe qué es más vergonzoso. Si el apoyo –o indiferencia– de algunos países de la región, o el silencio cómplice de muchos políticos del patio y buena parte de la izquierda trovadora dominicana, esa que se deleita hablando de dignidad, igualdad y revolución mientas degusta el moët o el cabernet, escucha a Silvio o Pablo, pero no dice nada ante tamaño atropello contra la democracia.
Esto no es un tema ni de derechas ni de izquierdas, es un tema de decencia y de coherencia; porque tan importante como el coraje de los conjurados del 30 de mayo, la valentía de este pueblo y sus líderes opositores, lo fue el apoyo incondicional de gobiernos amigos que enfrentaron a Trujillo en el terreno diplomático, brindando refugio y ayuda a sus víctimas y opositores… Venezuela como el que más. Tenemos la obligación, como pueblo y como Estado, de reciprocar ese apoyo tantas veces recibido; de ahí que indigna el silencio de muchos de nuestros políticos y ciudadanos ilustres, que alegando el principio de la no intervención evitan pronunciarse, obviando que ser indiferentes ante la comisión de delitos de lesa humanidad, los hace cómplices.
Ha sido correcta la posición de República Dominicana –junto a Costa Rica y Ecuador–, en manifestar formalmente su rechazo e instar al gobierno venezolano a cumplir con la Carta Democrática Interamericana y el Acuerdo de Barbados. En esta hora oscura para la democracia en la región, debe brillar nuestro compromiso y voluntad de defenderla. Debería el presidente Abinader explorar la posibilidad de adoptar medidas más fuertes; tanto en el ámbito diplomático como fáctico; tanto frente a la dictadura de Maduro, como a la de Ortega.
“La dignidad no se negocia”, dicen aquellos que han vendido su alma y sus principios por un puñado de barriles de petróleo, pero, ¿cuánto vale su silencio y a cambio de qué?, ¿cuál es el miedo que tiene la dictadura chavista y los juglares locales a contar votos? República Dominicana está obligada –moral e históricamente–, dentro de nuestro marco constitucional y el derecho internacional público, a hacer todo lo que esté a nuestro alcance –y más allá– para que no muera la democracia en Venezuela.