Van tras desaparecidos y desaparecen
SALAMANCA, México — Sólo quedan unos cuantos pedazos rotos de cinta policial alrededor de la casa de Lorenza Cano. Los fragmentos de cristal de la puerta principal han desaparecido, al igual que los casquillos de bala. Lo único que queda es la esperanza de que encuentren a Cano. La activista de 55 años es una de los cientos de mujeres en México que abogan por la población desaparecida del país después de que sus propios seres queridos desaparecieran. José Francisco, hermano de Cano, fue secuestrado en 2018 y nunca fue encontrado.
Ahora ella ha desaparecido. Hombres armados recientemente irrumpieron en su casa en Salamanca, en el estado de Guanajuato, México, mataron a su esposo y a su hijo y se la llevaron.
El secuestro ha puesto de relieve la crisis de desapariciones en México. Impera la impunidad, en ocasiones han estado involucradas las fuerzas de seguridad pública y tumbas han sido encontradas en todo el país.
La desaparición de Cano ha devastado a Salamanca. Ahora quienes buscan están preocupados por su propia vulnerabilidad. “Nos queda la pregunta: ‘¿Ahora cuándo van a venir a buscarme y a llevarme?’”, dijo Alma Lilia Tapia, de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, un colectivo de 206 familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos, y al cual pertenece Cano.
Tapia, de 55 años, ha estado buscando a su hijo, Gustavo Daryl, desde que fue secuestrado en 2018 de su puesto de comida, con el delantal puesto y las pinzas para asar en la mano.
El Gobierno dice que más de 94 mil personas están desaparecidas en México, aunque las Naciones Unidas dice que esa cifra podría ser mayor. La mayoría de los casos sigue sin resolverse.
La violencia en Guanajuato ha aumentado en los últimos años a medida que el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel Santa Rosa de Lima se pelean el control. El Gobierno afirma que alrededor de 21 mil 200 personas han sido asesinadas en los últimos seis años en Guanajuato, convirtiéndolo en uno de los estados más mortíferos de México.
Y la oficina de derechos humanos de la ONU en Guanajuato ha documentado el asesinato de al menos cinco personas entre 2020 y 2023 que buscaban a sus familiares desaparecidos.
“La búsqueda de personas desaparecidas toca los intereses de grupos criminales, o posiblemente agentes del Estado, y por lo tanto constituye una amenaza”, dijo Raymundo Sandoval, miembro de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que apoya a las familias de los desaparecidos. No está claro por qué Cano fue un blanco. No era una activista de alto perfil y principalmente hacía trabajo administrativo ya que un problema de cadera le impedía salir al campo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo recientemente: “Todos los días estamos protegiendo al pueblo y no hay impunidad para nadie”. Pero los buscadores en Salamanca dicen que tienen poca fe en los funcionarios locales y federales.
“No tenemos apoyo del Gobierno, ni seguridad ni nada”, dijo María Elena Pérez, de 62 años, integrante del colectivo cuya hija, Martha Leticia, desapareció en 2018. Julio César Prieto Gallardo, alcalde de Salamanca, defendió su gestión. “Damos apoyo, independientemente de que lo nieguen”, afirmó. Recientemente, dos hombres fueron arrestados y acusados de asesinato y desaparición en relación con el caso de Cano.
“Se nos está acabando el tiempo”, dijo Tapia. “Nos estamos haciendo mayores”.
Francisca Caudillo, de 50 años, es una de las pocas que ha encontrado a un ser querido desaparecido. En julio se encontraba en el lugar cuando el colectivo desenterró el cuerpo de su hijo, Martín Eduardo, de un relleno sanitario. Llevaba más de dos años buscándolo. Cuando sus restos fueron devueltos a casa, Caudillo tuvo flores, música en vivo y fuegos artificiales en su honor.
“Me gusta cuando encuentro a alguien, sea quien sea”, dijo. “Me da un poco de paz saber que han sido reunidos con su familia”.