Urge acelerar la reforma carcelaria
El gobierno ha hecho una especie de “mea culpa” por la lentitud con que ha marchado su proyecto de reforma carcelaria, al que se le había dado categoría de alta prioridad nacional en 2021.
El presidente Luis Abinader admitió que, en este período, no se han hecho los esfuerzos suficientes para alcanzar los objetivos esenciales de la reforma.
Uno de ellos era el de entroncarla con una estrategia de seguridad ciudadana, para reducir los niveles delictivos y la criminalidad, y propulsar un cambio radical y profundo de la Policía Nacional.
La reforma policial echó a andar de una manera más sostenida que la carcelaria, pero en vista de la complejidad que entraña transformar esa estructura y fortalecer la justicia penal, la estrategia ha quedado en una especie de limbo.
Todo el país sabe cuáles han sido las consecuencias de este rezago.
Ha aumentado el hacinamiento en las cárceles, se ha agudizado el estado de los presos preventivos cuyos procesos judiciales se han prolongado injustamente en el tiempo y las cárceles siguen siendo centros vectores de un esquema de asesinatos y estafas.
Pese a que la reforma carcelaria ha sufrido este estancamiento, todavía hay tiempo para que el gobierno retome su estrategia y apure la apertura, aunque sea parcial, de la nueva penitenciaria
Las Parras, y acelere la puesta en funcionamiento de la que se construye en Pedro Corto, San Juan, y otros recintos menores.
Los desafíos para mejorar el sistema carcelario no solo corresponden al gobierno.
Es preciso que se promueva una mayor cooperación entre el gobierno y organizaciones de la sociedad civil para abordar este problema de manera integral.
No podemos tirar la toalla en esta prioridad nacional, porque eso equivaldría a colocar la seguridad nacional y, en concreto la ciudadana, al borde del abismo.