Cinco provincias suman el 55% del padrón electoral
Estudio. Este proceso electoral estará configurado por voto y escrutinio manual, digitalización, escaneo...
Un estudio publicado ayer por el Observatorio Político Dominicano (OPD) revela que las provincias Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega y el Distrito Nacional, registran el 55.52% del padrón electoral de las elecciones generales de 2024, el cual supera los ocho millones de votantes, en su mayoría mujeres y jóvenes, con un rango de edad predominante de 18 a 40 años. “El padrón electoral cerró para las elecciones municipales con 8,105,151 votantes; mientras que, al corte del 10 de julio de 2023 (parámetro utilizado para este informe), estaba compuesto por 8,081,991 electores (7.33% más que en 2020), siendo 4,144,995 mujeres frente a 3,936,996 hombres, para una diferencia de 207,999 electores”, indica el estudio de la entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE). La investigación, autoría de la Unidad de Partidos Políticos y Sistemas Electorales del OPD-FUNGLODE, señala, además, que el rango de edad predominante entre ambos géneros es de 18 a 40 años (47.55% del padrón).
El estudio destaca que este proceso electoral estará configurado por voto y escrutinio manual, digitalización, escaneo y transmisión de los resultados electorales, conjuntamente con la implementación nueva vez del voto penitenciario, el ensanchamiento del voto en el exterior, el voto preferencial en el nivel municipal y unas campañas con los mismos plazos y topes de gastos.
Aspectos controvertidos
El análisis del OPD-FUNGLODE señala como principales aspectos controvertidos de este proceso electoral, la cuota de género, los topes de gastos, los
plazos y tiempos de campaña, el transfuguismo, el voto penitenciario y el voto en el exterior.
“En relación a la cuota de género, el trabajo recoge que, no obstante el Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0104/20, dispuso la aplicación de esta por “demarcación territorial”, la nueva Ley Orgánica de Régimen Electoral núm. 20-23 desconoció tal mandato y, mantuvo el criterio preestablecido en la derogada Ley Electoral núm. 15-19, correspondiente a la aplicación de la cuota de género en las nominaciones de candidaturas de la “propuesta nacional”, explica.
En su documento, el OPDFUNGLODE indica que ante esta situación, la Junta Central Electoral (JCE) en cumplimiento con lo estipulado en la citada sentencia del TC, emitió la resolución núm. 012-2023, en la cual estableció que “los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deben respetar los porcentajes correspondientes a la proporción de género en todas las listas de candidaturas plurinominales, contemplando la presentación de 40% mínimo y 60% máximo de candidaturas de hombres y mujeres en los cargos de diputaciones, regidurías, suplencias de regidurías y vocalías, por cada demarcación electoral plurinominal”.
El estudio agrega que en el caso del transfuguismo, la nueva Ley Electoral núm. 20-23 mantuvo igualmente el mismo criterio que su predecesora (Ley Electoral núm. 15-19), respecto a que “aquellas personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido a un determinado cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza en el mismo proceso electoral”. “Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral (TSE) mediante sentencia TSE100-2019, ya había declarado inaplicable esta disposición, conjuntamente con la establecida en la misma línea por la Ley de Partidos núm. 33-18 en su artículo 49.4, tras considerar que dichas normas afectan el derecho fundamental a ser elegible previsto en el artículo 22.1 de la Constitución de la República, dejando sin regulación ni sanción este aspecto”, apunta el informe. En cuanto a los topes de gastos y el porcentaje para las contribuciones individuales, la investigación del OPD-FUNGLODE explica que la JCE en su proyecto de reforma a la Ley Electoral núm. 20-23 y de Partidos núm. 33-18, presentó una reducción considerable a ambos rubros, sin embargo, ambos aspectos fueron omitidos por los legisladores.
“Para el nivel presidencial en las campañas pasaría de poder gastarse RD$922 millones a RD$322 millones, y la precampaña de RD$527 millones a RD$131 millones; sin embargo, ambos aspectos fueron omitidos por los legisladores y, en consecuencia, la nueva Ley Orgánica de Régimen Electoral núm. 20-23 fue aprobada con los mismos topes de gastos y contribuciones individuales”, explica el estudio.