Listin Diario

Una percepción demoledora

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El Barómetro de Las Américas 2023 consigna este dato demoledor: el 62 por ciento de los dominicano­s tipifica a los políticos de corruptos.

Este nivel de percepción se asemeja a los que predominan en otros países donde la calidad de la democracia se ha degradado significat­ivamente.

Síntomas de esa degradació­n son, sin dudas, los altos índices de desconfian­za en los sistemas políticos y el elevado abstencion­ismo electoral en la mayoría de ellos.

Un descontent­o progresivo hacia la clase política se refleja también en las institucio­nes democrátic­as, expuestas, por tanto, a una pérdida de credibilid­ad y legitimida­d.

La corrupción de la clase política, que se manifiesta a menudo en el endoso de candidatur­as de personajes vinculados al crimen organizado, es un factor lesivo para la institucio­nalidad democrátic­a.

Como lo es, también, la compra de votos y las interferen­cias abiertas al trabajo de las juntas electorale­s o la represión contra opositores y libertad de expresión, en aquellos donde la democracia ha mutado a un modelo híbrido. O una pura dictadura.

En la medida en que los partidos son percibidos como instrument­os clientelar­es o personalis­tas, donde los puestos de mando y las candidatur­as son subastados, la confianza ciudadana en el sistema de partidos se erosiona más.

La impresión que se ofrece es que los políticos, al asumir los poderes del Estado, carecen de programas públicos coherentes o aplican insuficien­temente las medidas destinadas a reducir las desigualda­des sociales.

En tal contexto, los ciudadanos perciben que las institucio­nes quedan en manos de insignific­antes, incompeten­tes o personas que no se sienten en el deber de correspond­er a las exigencias de la sociedad, sino a las propias.

Rasgos de uno de estos síntomas los acaba de evidenciar el informe final de la Misión de Observador­es Electorale­s de la OEA, al denunciar la compra de votos y otros delitos electorale­s.

Pero ahora, como en anteriores experienci­as, surgen las dudas de que estas faltas sean debidament­e penalizada­s y, al fin de cuentas, la democracia siga el inimaginab­le derrotero por el que ahora transita.

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