El sistema penitenciario amenaza la seguridad ciudadana
El Estado dominicano ha abordado los desafíos del sistema penitenciario con una displicencia que, si bien antes suponía una irresponsabilidad, en tanto renunciaba a su rol rehabilitador y dejaba al curso de los procesos y de los “incentivos”, decidir quién entraba y quién salía; hoy día, frente a los desafíos a los cuales se han visto enfrentados diversos países de la región, resulta temerario seguir obviando algo que está a ojos vistas. El pasado jueves 22, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, puso en circulación el “Estudio Cualitativo de las Condiciones de Salud en Centros Penitenciarios de República Dominicana”. Dicho estudio constituye un llamado de atención al aparato estatal y a todos los estamentos de la sociedad dominicana, porque no sólo reitera la vergüenza de que la gran mayoría de los privados de libertad son preventivos (60%), sino que ofrece datos alarmantes que exigen una respuesta inmediata: el 30% de la población penitenciaria tiene algún tipo de problema de salud; el 20% tiene problemas salud mental -entre otras afecciones-, y la mitad de esa población no recibe atención de salud de ningún tipo.
El Estado tiene la obligación de dar una respuesta al problema que él mismo ha creado. Tanto la superpoblación carcelaria como el hacinamiento son variables que deterioran las condiciones de salud de los privados de libertad, y, a falta de una respuesta oportuna a nivel de salud pública, problemas que pudieran ser leves se tornan en mayores.
La mejora del sistema penitenciario pasa por la terminación de “Las Parras”, la construcción de los recintos pendientes y la puesta en vigencia total del “nuevo modelo penitenciario” (o llámese como se quiera llamar, si tanto ofende ese nombre). En un Estado que cuando no sub ejecuta partidas presupuestarias las derrocha, que no se haya dispuesto los recursos necesarios para terminar todo lo pendiente, dice mucho… pero, sobre todo, dice que nuestras autoridades no son plenamente conscientes de la dimensión de la bomba de tiempo que significan nuestras cárceles; de la amenaza latente que las mismas constituyen para la gobernabilidad democrática. El Defensor del Pueblo dijo bien claro lo que es vox populi, pero que inexplicablemente se obvia: que las cárceles son universidades del crimen; que dentro de ellas se planean, coordinan y ejecutan acciones criminales; y que desde ellas se dirigen estructuras delincuenciales que operan en las calles. ¿Acaso nuestras autoridades no se han visto en el reflejo de Ecuador o Guatemala?, ¿Acaso no entienden que más allá de los negocios que se hacen dentro y en torno a nuestras cárceles, tanta laxitud amerita una respuesta contundente e inmediata, al más alto nivel? En este contexto, cualquier plan de seguridad ciudadana que obvie que la delincuencia anida en nuestras cárceles -y que actúe en consecuencia- estará destinado al fracaso. Que el gobierno no pierda de vista que, al adecentar y dignificar el sistema penitenciario, no sólo garantizará los derechos fundamentales de los privados de libertad, sino que también ganará una batalla contra la delincuencia organizada… acaso la más importante.