Una vergüenza inadmisible
Con más de la mitad de su población carcelaria en condición de presos preventivos, el país se expone a un serio cuestionamiento internacional por esa causa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue apoderada de una denuncia formal sobre las condiciones inhumanas prevalecientes en el sistema penitenciario dominicano.
Y no se descarta la posibilidad de que, ante la gravedad de la situación, el país sea sentado en el banquillo de la Corte Interamericana de Justicia, como presunto violador de derechos humanos.
En verdad, es este un drama con ribetes escandalosos que debe merecer un giro de timón en la política penitenciaria que, hasta ahora, no ha cumplido sus objetivos de humanizar las cárceles.
Luego de brillar con sus cárceles-modelo, que se tomaron como un ejemplo en otros países latinoamericanos, el sistema luce degradado por las inapropiadas condiciones de espacio y salubridad en que se encuentra la mayoría de los recintos.
A la par de este deterioro ambiental y físico, el drama del hacinamiento se ha tornado más crítico porque actualmente 15,717 internados esperan juicio en los tribunales.
Los fiscales y los jueces, en el 99 por ciento de los casos, se han despachado por la vía rápida de los encierros preventivos, sobrepoblando las cárceles y, en la
práctica, denegando justicia a tiempo.
El gobierno y el Poder Judicial no pueden seguir tolerando este estado de cosas, que deja muy mal parado al país a los ojos de la comunidad internacional.
Hay que propiciar un amplio programa de reacondicionamiento de cárceles muy antiguas, ampliar o crear nuevas y acelerar el conocimiento de los juicios en los tribunales.
Esto es lo que se ha venido reclamando desde hace años y por inexplicable desidia se ha permitido que el problema haya alcanzado estas dimensiones críticas, lo que constituye una vergüenza inadmisible.