¿La sede de las pandillas? La prisión
ligencia del ejército de Ecuador. “Ahí es donde están los puestos de dirección, los puestos de mando”, añadió. “Es donde dan las órdenes y disposiciones para que las pandillas aterroricen al país”. La población carcelaria de Latinoamérica se ha disparado en los últimos 20 años, impulsada por medidas más severas, como la prisión preventiva. Sin embargo, los gobiernos de la región no han destinado suficientes recursos para gestionar el aumento y, más bien, a menudo han cedido el control a los reclusos, según expertos en sistemas penales. Quienes son enviados a prisión, con frecuencia, tienen una opción: unirse a una pandilla o enfrentar su ira. Como resultado, las prisiones se han convertido en centros de reclutamiento cruciales para los cárteles y pandillas más grandes y violentas de Latinoamérica, fortaleciendo su control sobre la sociedad en lugar de debilitarla. Las bandas delictivas controlan total o parcialmente más de la mitad de las 285 prisiones de México, afirman los expertos, mientras que en Brasil el gobierno a menudo distribuye la población penitenciaria, según la afiliación criminal para evitar la agitación. En Ecuador, los analistas dicen que la mayoría de las 36 prisiones del país están bajo cierto grado de control de las pandillas.
Muchos países han impuesto políticas de aplicación de la ley más estrictas, entre ellas sentencias más largas y más condenas por delitos menores relacionados con drogas, lo que ha llevado a la mayoría de las cárceles de la región a sobrepasar su máxima capacidad. Al mismo tiempo, los gobiernos han priorizado la inversión en sus fuerzas de seguridad, como una forma de combatir la delincuencia y mostrar al público que hacen algo, en lugar de invertir en las cárceles, que son menos visibles. Brasil y México, los países más poblados de Latinoamérica y con las mayores poblaciones carcelarias de la región, invierten poco en las prisiones: el gobierno de Brasil gasta unos 14 dólares por preso diarios, mientras que México gasta alrededor de 20 dólares. Estados Unidos gastó alrededor de 117 dólares diarios por preso en 2022. Los guardias penitenciarios de América Latina también reciben salarios ínfimos, lo que los hace susceptibles a los sobornos de las bandas, que buscan ingresar el contrabando o ayudar para que los detenidos de alto perfil puedan escapar.
Lo que pone de relieve el poder de las pandillas en las cárceles es el hecho de que algunos líderes viven con relativa comodidad tras las rejas, donde operan tiendas de comestibles, peleas de gallos y clubes nocturnos y, en ocasiones, introducen clandestinamente a sus familiares para que vivan con ellos. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele declaró un estado de excepción en 2022 para abordar la violencia de las pandillas. Grupos de derechos humanos reportan que unas 75.000 personas han sido encarceladas.
Las tácticas de Bukele han diezmado a las pandillas callejeras del país centroamericano, revertido años de violencia terrible y ayudado a asegurarle un segundo mandato. Pero los expertos aseguran que miles de personas inocentes han sido encarceladas. “¿Qué consecuencias tiene esto?”, dijo Carlos Ponce, experto en El Salvador y profesor asistente de la Universidad Fraser Valley, en Canadá. “Esto los va a marcar a ellos y a sus familias de por vida”.
El frecuente uso de la prisión preventiva en toda la región para combatir el crimen ha ocasionado que muchas personas desfallezcan en prisión durante meses e incluso años, a la espera de ser juzgadas, aseguran grupos de derechos humanos. La práctica afecta especialmente a los más pobres, quienes no pueden pagar abogados y a menudo se enfrentan a un sistema judicial saturado de casos pendientes. Casi la mitad de la población penitenciaria de México sigue a la espera de un juicio. “Las cárceles pueden definirse como centros de explotación para los pobres”, dexpresó Elena Azaola, investigadora en México.