Pimentel sobre el Intrant: “El ministerio público tiene caso avanzado”

Atres mes de que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas anulara la licitación que sometió el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para cambiar el sistema semafórico del Gran Santo Domingo, Carlos Pimentel, se refirió al tema de manera contundente asegurando que la entidad adjudicada no tiene posibilidades de cobrar “ni un centavo” del erario. Pimentel calificó el tema como una “manipulación mediática” y expresó que la entidad que dirige no pudo hacer más de lo que hizo, al remitir varias comunicaciones con las irregularidades que se encontraron en el contrato. “Estamos convencidos de que la empresa Transcore Latam no tiene la mínima posibilidad de cobrar un centavo de ese contrato porque ese contrato está suspendido con cinco decisiones”, expresó. Resaltó que tiene conocimiento de que el ministerio público tiene el caso avanzado aunque desconoce el nivel y la fase en la que se encuentra actualmente. En octubre del año pasado, el órgano rector anuló el pliego de condiciones, y por consiguiente el procedimiento de licitación pública nacional INTRANT CCC-LPN-2023-0001, debido a que se identificaron violaciones a los artículos 21 y 25 de la Ley 340-06, y 88, 91 y 94 de su Reglamento de aplicación. Indicó

que conoce del adelanto del proceso porque han requerido más informaciones a la dirección para dar continuidad al proceso que el ministerio público tiene en su poder.

“La Dirección de Compras y Contrataciones de acuerdo a su competencia, hizo todo lo que tenía que hacer, pero como entendimos que en ese caso hay aspectos de naturaleza penal se lo entregamos al ministerio público”, expresó. Dijo que la Contraloría en conjunto con la Unidad Antifraude está realizando una auditoría de gestión “en este momento”, la cual tiene prevista estar lista en un mes. “Nosotros tomamos cinco decisiones con relación al Intrant, suspendimos ese contrato por todos los lados, el pliegue, el acta de adjudicación…”, dijo al enumerar las medidas que tomaron para notificar de las infracciones.

Cinco decisiones

Además, enfatizó que de la única manera que la empresa adjudicada pudiera cobrar es si hay una decisión favorable del Tribunal Administrativo. Sin embargo, dijo que como director de la entidad agotarían todas las instancias legales correspondientes para evitarlo, ya que están convencidos de lo que sucedió en el proceso de contratación “está fuera del marco normativo existente”. Señaló que como entidad lo que queda es dejar que el ministerio público tome sus decisiones y que la Contraloría finalice la auditoria de la entidad.