En Haití, como en otros lugares, las elecciones por sí solas no son la respuesta
Haití se enfrenta a su crisis más grave en décadas. La violencia se ha disparado, presentando una “amenaza letal ” a la seguridad nacional del país y empeorando la situación humanitaria sobre el terreno. Según las Naciones Unidas, aproximadamente un millón de personas están al borde de la hambruna, de las cuales 350.000 han sido desplazadas. El país está en un vacío de poder. No hay un solo funcionario electo en el país hasta llegar al presidente, un puesto que ha estado vacante desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
Lo que queda del Estado está al borde del colapso, con pandillas amenazando el Palacio Nacional después de haber liberado con éxito a más de 4.700 prisioneros. Guy Philippe , ex líder golpista y ex candidato presidencial que recientemente fue liberado de la custodia estadounidense, está preparado para hacerse cargo con el apoyo de Moïse Jean Charles, un líder de la oposición, y Jimmy Cherizier , el líder de una pandilla más prominente. Este último ha advertido de “una guerra civil que desembocará en un genocidio” y ha negado el regreso del primer ministro Ariel Henry, que lleva más de una semana atrapado en Puerto Rico.
A principios del 12 de marzo, Henry acordó renunciar a su cargo una vez que se forme un consejo presidencial de transición. Estados Unidos ha apoyado esta decisión y ahora aboga por una nueva “transición política ” en Haití sin el apoyo de Henry, contradiciendo declaraciones anteriores hechas por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas
en Haití y la Organización de Estados Americanos. La propuesta de establecer un consejo de hasta nueve miembros (incluidos dos observadores sin derecho a voto) fue presentada durante una reunión de alto nivel en Jamaica a principios de esta semana, convocada por la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM). A la reunión asistieron representantes de Canadá, Francia, la ONU y Estados Unidos , incluido el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.
El consejo incluiría representantes de los partidos políticos, la sociedad civil y el sector privado. Sin embargo, la propuesta sigue siendo polémica dentro de ciertos círculos políticos en Haití, y ya ha encontrado la oposición del partido de Philippe y de Cherizier, el último de los cuales ha dicho que “los haitianos deberían ser quienes decidan la forma de su gobierno”. Encontrar acuerdos y consenso sobre el camino a seguir ha resultado difícil de alcanzar a pesar de la urgencia de corregir esta sombría situación. La ONU y, más notablemente, Estados Unidos han reiterado que Haití necesita elecciones libres, justas y creíbles para salir de su crisis multifacética. Sin embargo, celebrar elecciones creíbles en las circunstancias actuales es mucho más complejo que simplemente programar una votación.
Ha quedado muy claro que las elecciones haitianas anteriores no han resultado en un camino hacia el desarrollo sostenible y la gobernabilidad democrática. No son, por tanto, la panacea que la comunidad internacional considera, ni una estrategia de salida funcional. Unas elecciones defectuosas o disputadas sólo socavarán la legitimidad de los funcionarios electos y erosionarán aún más la confianza en la democracia, y Haití ya tiene una puntuación entre las más bajas del hemisferio norte en esa categoría. Por lo tanto, es crucial que las próximas elecciones (que podrían tener lugar dentro de dos años, según propuestas de figuras destacadas) se organicen meticulosamente. Puede parecer obvio, pero en la práctica, la comunidad internacional ha tendido a subestimar los aspectos técnicos y legales de una elección, prefiriendo procesos rápidos y validación política por parte de misiones electorales internacionales que sirven como sello de legitimidad externa.
Pedir a los candidatos políticos que participen en una carrera electoral que consideran defectuosa desde el principio está destinado al fracaso. Lamentablemente, los miembros de la comunidad internacional han presionado para que esto suceda de todos modos, no sólo en Haití sino también en otras zonas de conflicto. Yemen es un ejemplo perfecto. Las elecciones presidenciales yemeníes de 2012 fueron abiertamente no competitivas y solo un candidato, Abdrabbuh Mansur Hadi, se postuló para el cargo. Esto hizo que fuera más un plebiscito que una elección real, con carteles de Hadi encima de cada urna. Según se informa, la Comisión Electoral Suprema del país infló las cifras de participación electoral para darle a Hadi la apariencia de apoyo popular. Estados Unidos aplaudió en gran medida esta elección, calificándola de “el comienzo de un nuevo capítulo prometedor”. No obstante, los hutíes y el Movimiento del Sur pidieron un boicot electoral y dos años más tarde, Yemen se encontró en una nueva guerra civil. Otro buen ejemplo es Afganistán. Algunos miembros de la comunidad internacional, como Estados Unidos, consideraron que las elecciones parlamentarias celebradas en octubre de 2018 eran más una prueba técnica antes de las posibles elecciones presidenciales que una forma de establecer el poder legislativo.
Los partidos de oposición exigieron que la comisión electoral creara un registro de votantes biométrico. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, el registro biométrico se realizó el día de las elecciones, lo que imposibilitó centralizar los datos y eliminar posibles duplicados. Una pegatina pegada a cada boleta con información de los votantes también potencialmente violaba el secreto electoral y ponía en peligro la vida de los votantes. Sin embargo, las elecciones parlamentarias se llevaron a cabo pero fracasaron debido a un fraude masivo, y la mayoría de los miembros de las comisiones electorales y de denuncia fueron enviados a prisión.
Sin embargo, los mismos problemas que se observaron durante las elecciones parlamentarias, como los casos de relleno de votos, continuaron en las elecciones presidenciales de 2019. Los procedimientos de votación incluso se modificaron durante el día de las elecciones, en contradicción con las disposiciones de la ley electoral. La falta de fiabilidad del registro de votantes y el mal funcionamiento de las máquinas biométricas de verificación de votantes siguieron siendo motivo de gran preocupación. Como resultado, las autoridades electorales purgaron casi un millón de votos debido a irregularidades y presuntos fraudes.
Este llamado ejercicio democrático terminó con un nuevo acuerdo de poder compartido entre el actual presidente Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah en mayo de 2020, y posteriormente, con la caída de Kabul en agosto de 2021, un incidente que tuvo un costo enorme tanto para los contribuyentes estadounidenses como para vidas humanas. A pesar de la amenaza del avance de los talibanes, las autoridades aún planeaban, con asistencia de la ONU, celebrar elecciones en Kabul sólo tres meses antes de la caída de la ciudad, lo que revela la falta de comprensión de la situación política y de seguridad en ese momento.
En el caso de Haití, los problemas con el sistema electoral no son nuevos y no deberían sorprender a los funcionarios internacionales. En primer lugar, Haití necesita desesperadamente un registro civil y una auditoría de los registros de identidad y de votantes actuales. Antes de que pueda celebrarse cualquier votación, esta auditoría debe resolverse de forma transparente, con la participación de observadores nacionales e internacionales. Haití no ha realizado un censo en más de 20 años , al igual que en Afganistán, lo que significa que sólo podemos estimar la población en edad de votar con base en las proyecciones demográficas proporcionadas por el instituto de estadística del país. Esta cuestión se volvió particularmente polémica durante la administración de Moïse, cuando el gobierno comenzó a emitir nuevas tarjetas de identificación biométricas y afirmó que había registrado a más de 4,5 millones de personas antes del referéndum constitucional de 2021, un total que muchos creían que estaba muy inflado.
A continuación, el proceso electoral necesita un consejo electoral permanente y un mecanismo de disputa independiente. Desde que se adoptó la Constitución haitiana de 1987, que exige la formación de un consejo electoral permanente, Haití ha experimentado 19 consejos provisionales extraordinarios. Esto erosiona la memoria institucional y somete a cada nuevo consejo a acusaciones de politización, lo que socava la confianza en los procesos electorales y acelera la fatiga electoral. Además, este consejo electoral actúa como juez y parte del proceso de votación, organizando la elección y luego resolviendo cualquier disputa que surja.
Para que las disputas electorales pasen de las calles a los tribunales a los que pertenecen, es necesario un proceso de apelación imparcial e independiente.