Firme postura del Presidente
No una, sino muchos veces, el presidente Luis Abinader ha planteado que la crisis de Haití representa, francamente, una amenaza a la seguridad nacional.
Ahora lo acaba de reafirmar, sobre la base de sólidos argumentos que justifican la imposibilidad de acoger en el país a los haitianos que se declaren refugiados de la guerra que libran bandas armadas y autoridades.
Al mismo tiempo, ha demostrado una postura firme ante las presiones que ejercen las Naciones Unidas para que se suspendan las repatriaciones de haitianos ilegales.
Ha dicho que esta política se ciñe justamente al mandato de las leyes migratorias del país, las mismas que aplican rigurosamente otras naciones, como Jamaica, Bahamas, Canadá y Estados Unidos, a las que la ONU no les hace semejantes solicitudes.
Las razones para no ceder a estas presiones son indiscutibles e irrebatibles.
La República Dominicana no escapa a los efectos directos ni indirectos del fenómeno de los flujos migratorios que hoy ejercen presiones sobre los servicios públicos en varios países de América Latina.
En el caso dominicano, esas presiones se manifiestan en sus sistemas de salud, educación y vivienda, y más que nada en la cohesión social que se ve amenazada por conflictos de convivencia entre los migrantes extranjeros y los dominicanos.
De hecho, el enorme flujo de esos inmigrantes ilegales ha dado lugar a la creciente formación de “ghettos” en distintas provincias, y a frecuentes actos delictivos, crímenes y reyertas protagonizados por esos ilegales.
No ha habido tiempo, ni recursos suficientes, para articular políticas de integración y control de las comunidades de inmigrantes ni a la regulación de sus actividades laborales en el país.
En un contexto así, es difícil asimilar de golpe a una masa de refugiados y suspender la aplicación de las leyes migratorias a los haitianos que ingresaron y viven en el país, tras haberlas violado.
Estas razones de peso son las que ha esgrimido en múltiples escenarios el presidente Abinader, pero luce que para Naciones Unidas no son atendibles y que, en consecuencia, se atribuye autoridad para imponérselas al país, por encima de su Constitución y sus leyes.