La máquina de picar carne
La sangrienta Batalla de Verdún (1916) representó el paradigma militar de necedad, obcecación y negligencia. “La máquina de Picar Carne”, le llamaron, y a ella fueron arrojados cientos de miles de hombres sin ningún remordimiento. Extrapolando, nuestro sistema penitenciario se ha convertido precisamente en eso, y quizás, por las mismas razones. Fundamentado desde su origen en una concepción punitiva de la pena, a la cárcel se iba a purgar culpas y a sufrir; y en ningún momento se pensaba en la reinserción del privado de libertad en la sociedad –una vez fuese liberado– y en cómo crear condiciones a lo interno del sistema penitenciario que se tradujeran en una disminución de tasas de reincidencia.
Es poco lo que falta por decir sobre el colapso del sistema, que no sea sobre su errónea concepción primigenia y los negocios que en torno a él se han desarrollado. Si bien es cierto que sus problemas son históricos, ya no hay excusas para no abordarlos, máxime porque la solución se conoce –el Nuevo Modelo Penitenciario–, fue implementado y demostró ser exitoso, al punto que ha sido reconocido por organismos internacionales especializados y diversos países, en tanto buena práctica.
Veinte años después, y la luz del trágico incendio en La Victoria el pasado 18 de marzo, más que preguntarnos ¿por qué Las Parras aún no está lista?, deberíamos preguntarnos ¿por qué la totalidad de los recintos que componen el sistema penitenciario no pertenecen al Nuevo Modelo?, ¿por qué hemos durado 20 años en hacer una transición hacia un modelo que se reconoce no sólo como necesario, sino como exitoso? La tragedia de La Victoria representa el fracaso de todo un modelo, de un paradigma… de la sociedad. Ya ha ocurrido otras veces bajo otros nombres y circunstancias, pero la indiferencia de las autoridades y la complicidad de algunos actores del sistema hacen imposible la transición.
Hoy las cárceles del viejo modelo son un negocio –siempre lo han sido– y la resistencia (y sabotaje) al cambio sólo puede explicarse en función de los intereses que afecta, y estos están dentro del sistema, en algunos de sus operadores. Así las cosas, la eficiencia carcelaria siempre será torpedeada por las autoridades civiles y militares que se benefician de su ineficiencia, y, para que esto sea un negocio, supone dejar a los reclusos reproducir a lo interno de los recintos las prácticas por las cuales fueron recluidos, en un círculo vicioso que se potencia, haciendo que las cárceles sean centros operacionales del crimen.
Por respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad; para acabar con la corrupción y amenaza latente a la gobernabilidad que representa (Ecuador es un mensaje); por la incapacidad presupuestaria de la Procuraduría General de la República para hacer frente a los desafíos; y por los eslabones civiles y militares vinculados, el presidente Luis Abinader debe declarar en emergencia el sistema penitenciario nacional, hacerlo su prioridad, y proveer recursos extraordinarios necesarios que permitan dejar atrás ese viejo modelo corrupto e inhumano.