La Florida criminaliza a las personas sin hogar
La nueva ley ordena a los gobiernos municipales que establezcan albergues para los desamparados en zonas alejadas de los centros urbanos, para garantizar “la seguridad pública”
En una columna reciente, señalé que no tener hogar en Estados Unidos podría ser un delito. Pues bien, el gobierno de la Florida acaba de dar ese paso y ha criminalizado la indigencia. El gobernador Ron DeSantis aprobó el miércoles 20 de marzo un proyecto de ley, el HB1365, que prohíbe a las personas sin vivienda dormir en espacios públicos. La nueva ley ordena a los gobiernos municipales que establezcan albergues para los desamparados en zonas alejadas de los centros urbanos, para garantizar “la seguridad pública”, según el gobernador. También ordena a los gobiernos locales que den tratamientos de salud mental y de adicción a las drogas a las personas sin hogar, los llamados en inglés homeless. Los desamparados que se nieguen a ir a los albergues podrían ser arrestados por la policía.
La medida entra en vigor el próximo 1 de octubre.
Los que defienden la ley que desterrará a los homeless alegan que la medida es necesaria para mejorar la seguridad en las ciudades floridanas. Algunos incluso afirman que, al ubicarlos en albergues, los desamparados también estarán más seguros, una afirmación que todavía está por probarse. Pero el propósito real de la nueva ley se advierte en las palabras del propio DeSantis: “Florida no permitirá que los campamentos para personas sin hogar invadan a sus ciudadanos o socaven su calidad de vida”, proclamó el gobernador al anunciar la promulgación de la ley en una rueda de prensa que ofreció el miércoles 20 de marzo en Miami Beach.
En esa ciudad playera, las autoridades ya han detenido a personas sin vivienda, desde que en octubre de 2023 la Comisión Municipal votó a favor de permitir que la policía arreste a personas sin hogar que estén durmiendo al aire libre y se nieguen a ir a un refugio. Al parecer, para los defensores de la nueva ley lo más importante no es ayudar a las personas sin hogar, sino impedir que “socaven la calidad de vida” de los núcleos urbanos, donde impera la gentrificación y donde llegan a instalarse personas adineradas, subiendo el precio de la vivienda. DeSantis se ha jactado de que las medidas favorables a los negocios en la Florida, así como las bajas tasas de impuestos, han dado lugar a que muchos profesionales y empresas de otros estados, como Nueva York y California, se hayan trasladado a la Florida. Pero no ha mencionado que aparte de los empresarios atraídos por el ambiente propicio para los negocios en el Estado del Sol, también llegan delincuentes, estafadores y otros con fortunas de dudoso origen. DeSantis y los que apoyan la ley que criminaliza la indigencia tampoco tienen en cuenta la crisis de la vivienda, cuya disparada subida de precios ha causado que muchas personas, que de pronto no pueden pagar el alquiler, sean echadas a la calle. Para los partidarios de expulsar a los desposeídos de las ciudades, las personas sin hogar son alcohólicos o drogadictos que han caído en esa situación por sus vicios. En realidad, en muchos casos es al revés: primero, la crisis de la vivienda los deja sin techo, y después se produce el deterioro existencial de los individuos. Los homeless no eligen vivir en la calle: se encuentran en esa situación debido a diversos factores entre los que predomina la falta de viviendas asequibles, un problema al que las administraciones locales prestan una atención insuficiente mientras favorecen los proyectos residenciales de lujo para gente acaudalada. El traslado forzoso de los desamparados a albergues en las afueras no resolverá el problema de la vivienda y empeorará la situación de estas personas, al alejarlas de la ayuda y los servicios humanitarios que pueden encontrar en las ciudades.