Ley de Ordenamiento Territorial entra en la etapa de aplicación
Una mesa de trabajo para la articulación gubernamental con miras a la implementación de la Ley 368 de Ordenamiento Territorial, fue puesta en marcha ayer por siete ministerios, la Liga Municipal y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu).
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es uno de los cabecillas del proyecto, y los ministerios de Turismo, Obras Públicas, Medio Ambiente, Viviendas y Edificaciones, Agricultura; Industria, Comercio y Mipymes, y Energía y Minas, como principales involucrados en lo que respecta al orden de los suelos, son los encargados de establecer las acciones a ejecutar por los gobiernos locales para garantizar el cumplimiento de la ley. “Estamos conformando una mesa de planificación, ejecución y respuestas de estas importantes problemáticas que hoy vemos en República Dominicana. La articulación y trabajo de estos ministerios dará una respuesta cooperativa en cada uno de los municipios”, afirmó Kelvin Cruz, presidente de la Fedomu. Mientras el ministro de Economía, Pavel Isa, dijo que las dificultades para garantizar la cobertura de servicios públicos de calidad son el resultado de la falta de políticas públicas en materia del ordenamiento territorial, que ahora empezarán a trabajar en base a la ley aprobada a finales del 2022. “Tenemos una expansión descontrolada de las zonas construidas y las zonas urbanas, aumentando zonas de riesgo e inundables, un uso urbano de suelo de alta vocación agrícola, permanencia de industrias peligrosas en zonas de alta densidad urbana”, señaló Isa, junto a los ministros de Turismo, David Collado; Energía y Mina, Antonio Almonte; Agricultura, Limbert Cruz, y de Industria y Comercio, Víctor Bisonó. Así como los representantes de Medio Ambiente, el viceministro de Recursos Forestales, José Antonio González; del Ministerio de Vivienda, Ernesto Magna, y del Ministerio de Obras Públicas, Carmen Guzmán. Aunado a esto, también promover la cooperación, la coordinación y la toma de decisiones conjuntas entre los actores sectoriales y gobiernos locales para implementar y desarrollar procesos de ordenamiento y desarrollo territorial. Además, fortalecer el rol de los ayuntamientos en la gestión del uso de suelos, y generar los mecanismos para una buena coordinación de los diferentes niveles de gestión y las distintas instituciones, entre otras.