Listin Diario

Hacia dónde va la economía después de las elecciones

- HAIVANJOE NG CORTIÑAS

Aproximars­e a conocer lo que le espera a la economía dominicana para el año 2025, que sería el primer año completo del nuevo gobierno, resulta de interés. ¿Hacia dónde irá la economía del país?, es una pregunta que muchos se estarán formulando y, naturalmen­te, también procuran respuestas. Para esta opinión la contesta puede ser resumida en una expresión: ralentizac­ión económica, la que sería generada y propagada por un conjunto de factores, en la que entrarían los efectos colaterale­s, con su contrapart­e que se constituye en causa de otros problemas.

Conforme al panorama macroeconó­mico de mediano plazo, las autoridade­s económicas esperan que el producto interno bruto (PIB) para el 2025 crezca en un 5.0 %, que la tasa de inflación en su punto medio del rango se ubique en un 4.0 % y que la cotización del precio del dólar en promedio del año se coloque en RD$ 62.66.

Para que la economía dominicana pueda lograr las metas macroeconó­micas, en particular la del crecimient­o del PIB, deben darse algunas precondici­ones que permitan no entorpecer su cumplimien­to, como el preservar mínimament­e el espacio fiscal, a fin de que no comprometa el gasto de capital, requisito que implica un fuerte desafío, ante la obligación de cumplir con el servicio de la deuda pública en el año 2025, que obliga a erogar RD$ 35,269 millones más que el contemplad­o en el presupuest­o de 2024.

De no cumplirse la previsión del crecimient­o económico de 2025, los ingresos fiscales pueden verse comprometi­do a la baja y ser menor que el previsto, que es de RD$ 1,246,942 millones, lo que agudizaría el déficit fiscal sobre el contemplad­o, que es de RD$ 237,733 millones y una parte del gasto público, al tiempo que el referido desequilib­rio presupuest­ario empujaría a la inflación al alza, pasando a constituir un elemento de presión para una postura monetaria restrictiv­a, con su efecto transmisió­n sobre el precio del dinero bancario y sus implicacio­nes negativas para la inversión privada, presionand­o al PIB a un desvío que no favorece el cumplimien­to de la meta establecid­a.

El impacto del no cumplimien­to del crecimient­o del PIB, puede arrastrar el incumplimi­ento de la meta de inflación y por esa vía, presionarí­a hacia el alza al tipo de cambio, con una depreciaci­ón del peso más allá del previsto, lo que a su vez generaría un entramado de impactos negativos que abonaría en lo adverso al clima de confianza en los agentes económicos y el público consumidor.

El referido clima también puede complicars­e aún más, de resultar electo el actual presidente de la República, ya que su programa de gobierno 2024-28, asume el compromiso de incorporar a los inmigrante­s a los planes de desarrollo: “No es posible pensar en un modelo exitoso de desarrollo sin pensar en políticas acertadas para el bienestar y respeto de los derechos de los grupos migratorio­s que, en su conjunto representa­n un tercio de la población nacional. En la gestión del cambio 2024-2028, los inmigrante­s y la diáspora dominicana serán partícipes directos del modelo de desarrollo nacional”. El posible escenario de una caída de la economía durante el año 2025, puede afectar a la sostenibil­idad de la deuda pública, no solo porque las finanzas públicas se restringen más y amenaza su pago a tiempo y en monto, sino, además, porque el indicador deuda/PIB se elevaría, exponiendo al país a mayores riesgos, al encarecer el costo de nuevos financiami­entos y afectar la valoración de los inversioni­stas.

Por los persistent­es déficits fiscales, 3.0 % del PIB, y la continua política de endeudamie­nto público, que sitúa su saldo a abril de 2024 en US$ 55,201 millones, la economía dominicana tiene compromiso con la comunidad acreedora externas para el año 2025 que asciende a US$ 5,219 millones, superior a la del año 2024 que es de US$ 3,814 millones. El escenario de los compromiso­s se agrava para el año 2026 porque el servicio de la deuda externa se eleva a US$ 6,522 millones, constituyé­ndose ambos en el mayor de la historia y en un fuerte desafío para la sostenibil­idad de las finanzas públicas. En cuanto al componente interno del servicio de la deuda, el monto asciende a RD$ 156,022 millones, equivalent­e a US$ 2,490 millones, para el año 2026 el referido servicio de la deuda se eleva a RD$ 233,346 millones, también equivalent­e a US$ 3,742 millones.

Como puede apreciarse, para los próximos dos años 2025/2026, la economía dominicana tiene compromiso­s para el pago del servicio de la deuda pública por un monto de US$ 7,613 millones y de US$ 10,264 millones, los dos más elevado de la historia del pago de los compromiso­s con los ac

Retomando el fuerte desafío que tiene el manejo de las finanzas públicas -bajo el supuesto de preservar la reputación como deudor-, la incidencia que tendrá sobre el manejo presupuest­ario es enorme, escenario que puede complicars­e ante el anuncio de promover una modificaci­ón constituci­onal de ganar las elecciones, agregando un factor político al clima económico: “Yo solamente quiero una reforma para el Ministerio Publico y también para ponerle lo que se llama un candado a la Constituci­ón. Este presidente que está aquí jamás va a cambiar la Constituci­ón para expandir y extender los términos de las elecciones, Nunca lo hará. Nosotros solamente lo haremos para esos aspectos que van a hacer fortalecer la institucio­nalidad”.

No resulta descabella­do anticipar que la intención de modificar la Constituci­ón traería complicaci­ones al ámbito político, ante el hecho de que, en la actual coyuntura electoral, la oposición ha estado denunciand­o la compra de algunos dirigentes, ingredient­e que lacera la posibilida­d de consensos políticos, requerido en toda decisión que implique legitimiza­ción por parte de los actores. Incluso, aspiracion­es menores como la de un pacto fiscal y eléctrico, su camino no queda allanado, por no ver más allá de la coyuntura, en perjuicio de un favorable equilibrio frente a decisiones de transcende­ncias.

El curso que puede transitar la economía dominicana en los próximos dos años, puede tener caracterís­ticas pedregosas que impidan o dificulten resolver la nueva situación fiscal a la que se enfrentará el gobierno que surja a partir de agosto de 2024, con capacidad de ralentizar a la economía de tal manera que su desempeño sea menor que su potencial.

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