Revocan la decisión excluía a propietarios de Costa Dorada
Litis. Es por unos 6.3 millones de metros cuadrados de terrenos costeros ubicados en Bahía de Calderas, Baní.
La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó la decisión que excluía como querellantes a los propietarios de las acciones de la compañía Costa Dorada. La decisión fue en torno a una querella interpuesta en contra de Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito y Judith Franchesca Aguasvivas Báez, a quienes señalan como autores de falsificación de documentos societarios para arrebatarles sus derechos en la empresa Costa Dorada y con ello apoderarse de unos 6.3 millones de metros cuadrados ubicados en terrenos costeros en Bahía de Calderas, Baní. Mediante la misma decisión, la Corte de Apelación revocó el Auto de No Ha Lugar dictado por el Séptimo Juzgado de Instrucción en favor de la imputada, Judith Franchesca Aguasvivas Báez, y pronunció Auto de Apertura a Juicio en su contra.
La acusada deberá comparecer al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a defenderse de las acusaciones que le hacen el ministerio público y las empresas Hilari Mayol, S. A. S., Mayol & Co, S. R. L., Grand Cays Corporation, y Okra Company, L.T.D. La resolución estableció que los imputados Helena Regalado, Soto Garabito y Aguasvivas Báez deberán defenderse de la acusación presentada por las empresas querellantes, la cual había sido asumida por el ministerio público, incluida la calificación jurídica contenida en ese escrito y la oferta probatoria que contiene. De los tres acusados, Helena Regalado y Soto Garabito ya habían sido enviados a juicio de fondo, el cual está pautado para el 23 de abril del 2024.
Un año y tres meses
Para que se produjera este fallo, las empresas querellantes Hilary Mayol, S.A.S, representada por Juan Mayol Vicioso; Mayol & CO., SRL., representada por Juan Francisco Mayol Cabrera; Grand Cays Corporation y Okra Company LTD, representada por Ana María Jiménez Goris, tuvieron que esperar un año y tres meses, ya que las defensas presentaron múltiples recursos, recusaciones en contra de todos los jueces de la corte, incidentes y hasta algunas de ellas se ausentaron de algunas audiencias.