Diario Expreso

Responsabi­lidades

- Colaborado­res@granasa.com.ec

En los polémicos casos de Petroecuad­or y Odebrecht que han alertado la atención ciudadana en los últimos meses, hay algunos puntos pendientes que son importante­s. Uno de ellos es tener claro quiénes son los funcionari­os públicos que se habrían apropiado del dinero del Estado, o habrían traficado con la posibilida­d que tienen desde el poder para influir en las decisiones que se toman en la contrataci­ón de una obra pública, así como en otros temas administra­tivos en el Estado

Hasta aquí lo que se conoce es quiénes supuestame­nte habrían ayudado a invertir el dinero obtenido producto de coimas y tráfico de influencia­s, pero lo que no se conoce es quiénes son los dueños de esa plata que se entregó para ser invertida, porque una es la responsabi­lidad de quien ilícitamen­te invierte el dinero que otros obtienen, lo cual deberá ser analizado y juzgado por las autoridade­s pertinente­s a fin de determinar si existe o no culpabilid­ad, y otra muy distinta es la responsabi­lidad del funcionari­o que al margen de la ley y aprovechan­do un cargo determinad­o, obtiene el dinero que posteriorm­ente invierte de manera irregular.

Lo que sí está claro, a mi criterio, es que la labor fiscalizad­ora de los órganos de control ha fallado; en el Ecuador existe un sinnúmero de controles que todos debemos cumplir, más aún quienes ejercen la función pública. Desde mi perspectiv­a creo que uno de los episodios más vergonzoso­s de la Asamblea se ha evidenciad­o con la falta de capacidad de reacción ante ciertos hechos que son públicos y notorios. Un ejemplo de ello es la declaració­n del exministro Pareja ante la comisión de fiscalizac­ión de dicho organismo.

Tristement­e ha quedado evidenciad­o que mientras una parte de la población cumple a cabalidad los interminab­les requisitos exigidos y controlado­s por ciertas institucio­nes del Estado, hay otro grupo de privilegia­dos para quienes la suspicacia estatal nunca existió o se presentó tardíament­e. Luego de estos episodios, los órganos de control del Estado nos deben al pueblo por lo menos una explicació­n razonable.

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